La foto y la película (3)

Agosto 4 de 2022

Director Centro de Pensamiento Así Vamos en Salud

Sí, carecemos de una Política Nacional de oferta de recursos para la salud; entre ellos, los hospitalarios. Una falla que subsiste en el sector. En 1967 se creó el Fondo Nacional Hospitalario (FNH) para que se encargara de su construcción y dotación y buscara además integrar los servicios del Instituto Colombiano de Seguros Sociales (ISS) con los generales de hospitalización pública, “…en forma que se garantice la mayor eficacia de la asistencia social en este campo”. Con recursos del Ministerio de Salud y del ISS, se hallaba sujeto a las iniciativas y los requerimientos de estas dos entidades, y de las ciudades y municipios.

En 1969 mediante ley se promulgó el Plan Nacional Hospitalario que no cobijaba a la totalidad de instituciones públicas de salud y tampoco estaba ligado a una política nacional que, de manera estratégica, definiera el progreso de la infraestructura para atender con calidad las necesidades de salud de todos los colombianos.

Porque el sector privado desarrollaba la suya de manera autónoma y sin sujeción a una visión que tuviera en cuenta la demanda de la población. La oferta privada de clínicas, centros médicos y unidades diagnósticas (que era la mayor) crecía de manera desordenada y sin planeación financiera. La lógica general para estos desarrollos: se construían donde sus fundadores consideraban, para después buscar o crear la demanda con venta de servicios a la población que pudiera pagar, o a través de contratos con la seguridad social, cuya capacidad era insuficiente para las atenciones que sus afiliados requerían.

El desarrollo de los hospitales públicos era raquítico en las décadas de los 70´s y 80´s del siglo pasado. En la seguridad social era algo mejor, pero tampoco alcanzaba. Además, y de acuerdo con el Ministerio de Salud, “la asignación del gasto estaba orientada hacia la especialidad y el mayor costo, y se descuidaban las acciones del primer nivel de complejidad. Se asignaban los recursos a cada institución hospitalaria pública en proporción directa al déficit que generara y a la capacidad de movilización de medios de comunicación”. Los de mayor complejidad recibían el grueso de los recursos del subsistema público y los corredores en urgencias de esas entidades se atiborraban de pacientes, la mayoría de los cuales podían ser atendidos en otros niveles asistenciales. A finales de los años 70´s, la “crisis hospitalaria” se focalizaba en siete instituciones ubicadas en cinco grandes capitales que concentraban el 70 por ciento del déficit hospitalario nacional.

Para 1992 la ocupación de las camas en poblaciones medianas y pequeñas no llegaba al 50 por ciento, a pesar de que la norma buscaba destinar recursos a los hospitales de menor complejidad. No había incentivos para mantener la salud de la población, ni para llegar a los más pobres con mejor dotación e infraestructura, y menos para que los servicios fueran prestados con mayor calidad y a menor precio.  Además de inequidad, todo esto producía grandes ineficiencias y sobre costos al sistema.

El FNH desapareció en 1992 por insuficiencia de recursos y porque sus planes de desarrollo no lograron el propósito.

La reforma de 1993 buscó cambiar ese estado de cosas. Los subsidios se modificaron de tal forma que los recursos siguen a los ciudadanos y no a las instituciones. Los hospitales públicos se transformaron en entidades autónomas, con patrimonio propio y presupuestos prospectivos para competir basados en calidad y mejoramiento de los servicios a los pacientes. El “septiembre negro” desapareció, pero el flujo de recursos no es adecuado.

 

Se estableció un sistema de garantía de calidad en salud que paulatinamente ha mejorado los estándares de todas las instituciones públicas y privadas del país, aunque subsisten algunas “clínicas de garaje”. Ha incrementado la vocación y el trabajo hacia la calidad; de acuerdo con el Icontec, el 13,8 por ciento de las 65 mil camas privadas disponibles en el país y el 7,7 por ciento de las 28 mil públicas tienen acreditación de calidad. Sin embargo, la eficacia en la prestación de los servicios no es homogénea y los hospitales públicos aún están influenciados y hasta cooptados en muchas regiones por la política electoral y sus nefastas consecuencias. Además, la contratación obligatoria de las EPS del régimen subsidiado con los hospitales públicos no ha demostrado ser un incentivo hacia la excelencia operativa.

En resumen, todavía no existe una visión completa y nacional de la oferta de servicios asistenciales que priorice la calidad y la demanda de la población e involucre la infraestructura pública y privada. Las limitaciones en el acceso de las personas a los servicios de salud se corregirían con una oferta integralmente desarrollada. El ahogado no lo podemos buscar río arriba.