Editorial: una reforma en ciernes
Director Centro de Pensamiento Así Vamos en Salud
El jueves de la semana pasada la ministra de salud, en una reunión realizada en el ministerio, señaló que el borrador de reforma que ha circulado sin dueño por redes sociales desde febrero del presente año y cuya última versión es de agosto o septiembre pasado, sí representa las propuestas del gobierno en al menos un 70 por ciento de su articulado. Esto, unido al borrador del modelo predictivo y preventivo del que hablamos en el editorial anterior y a los artículos sobre salud contenidos en las bases del Plan Nacional de Desarrollo radicado en el Congreso de la República, nos presenta el panorama hacia donde la actual administración del gobierno nacional busca orientar el sistema de salud.
No sabemos todavía con exactitud a qué corresponde el 30 por ciento del articulado que no irá en la propuesta gubernamental. Con esta salvedad, nos atrevemos a realizar una primera aproximación de análisis a ese borrador.
Para empezar, el proyecto busca darles desarrollo a aspectos centrales de la Ley Estatutaria de Salud, lo cual está bien. Es acertado el énfasis que hace en la intersectorialidad, aunque ya se encuentra contenida en otras leyes y el texto tiene matices adicionales que pueden ser muy controversiales e inoperantes; como el de hacer obligatoria la presencia de todos los ministros en el Consejo Intersectorial de Salud, con sanciones disciplinarias en caso de no asistir por justa causa.
El acento que pone sobre la atención primaria en salud y sobre la salud pública es necesario y urgente, aunque confiamos en que se vayan aclarando las preguntas que fueron hechas desde este Centro de Pensamiento en el editorial de la semana pasada sobre el modelo predictivo y preventivo presentado en Aracataca.
Los planteamientos para desarrollar una política nacional de oferta de talento humano en salud con la entonación que da sobre las condiciones laborales, y el desarrollo de infraestructura física y tecnológica para la salud, son aspectos pertinentes que podrían contribuir a mejorar la oportunidad de acceso a los servicios en el país.
El establecimiento de un Consejo Nacional de Salud con participación de agentes relevantes del sector (gubernamentales y de la sociedad civil), que sea asesor del gobierno nacional, así como de consejos de salud en otros niveles gubernamentales dentro de la administración pública, es también necesario y parece tener consenso entre los actores del sistema de salud. Sin embargo, su composición es excesiva y aunque las modificaciones a la descentralización político-administrativa son un avance, se ve necesaria la revisión más profunda de las competencias de las entidades territoriales para definir mejor las funciones que se deben delegar, descongestionar y descentralizar desde la Autoridad Sanitaria Nacional a los departamentos y municipios.
En el proyecto claramente se pasa de la afiliación a la adscripción de la población al sistema. Esto, unido a la falta de mención de las EPS y a la eliminación explícita de los planes complementarios indica que el aseguramiento en salud como está concebido hoy desaparecería. La duda central sobre este punto se encuentra en que la función de riesgos en salud de la población (los técnicos, operativos y financieros) no presenta un sustituto preciso y eficiente, lo cual representaría una regresividad en los avances de protección social y en el disfrute del derecho a la salud que la población colombiana ha alcanzado a lo largo de las últimas décadas.
¿Desaparecería esa función clave para el sistema? ¿Pasaría a las direcciones territoriales de salud? ¿Tienen las capacidades? ¿No se acrecientan los riesgos de politización y corrupción con este traslado? Además, la proliferación de Consejos, Comisiones, Fondos y Unidades que trae el proyecto en los niveles regionales, departamentales, distritales y municipales genera dudas adicionales por las capacidades que existen hoy en los territorios y por la burocratización, así como por el clientelismo que se puedan ampliar, además de las ineficiencias en la gestión administrativa que cause su creación.
Dos temas más crean otras dudas; el establecimiento de una central única de recaudo que tendría seccionales en diferentes partes del país, lo cual iría unido a la creación de ocho subcuentas con destinaciones específicas para prestaciones de salud. Agilizar el flujo de recurso debe ser la intencionalidad que se halla detrás de esta propuesta, pero se podrían crear ineficiencias por rigideces presupuestales. Las experiencias de las subcuentas del antiguo FOSYGA vuelven a la memoria.
El régimen sancionatorio propuesto a su vez crea otras preguntas, pero el espacio de esta columna se agotó. Hasta acá un primer análisis al proyecto de reforma. Queda supeditado al texto definitivo, pero de acuerdo con la ministra, al menos el setenta por ciento se encuentra en ciernes en este proyecto.