Editorial la oferta de servicios: otra gran deuda de la salud
Augusto Galán Sarmiento MD. MPA
Director del Centro de Pensamiento Así Vamos en Salud
El terremoto del pasado 10 de agosto deja una lección que trasciende la emergencia. Mientras el país seguía con angustia las noticias sobre los daños ocasionados por el sismo, quedó al descubierto una realidad que seguía agazapada; la fragilidad de buena parte de la infraestructura hospitalaria colombiana y las limitadas capacidades de respuesta de la red pública en numerosas regiones del país.
Los desastres naturales revelan muchas veces aquello que permanece oculto bajo la rutina y la política. Durante los últimos años el debate nacional sobre la salud ha estado concentrado en el aseguramiento. Sin embargo, se habla menos del otro componente indispensable; la oferta de servicios. Es decir, la infraestructura física, la tecnología biomédica, los sistemas de información, la disponibilidad de medicamentos e insumos y, en especial, el talento humano que hace posible la atención.
No existe un sistema de salud sólido sin una red de oferta sólida.
Paradójicamente, el gobierno anterior anunció que fortalecería precisamente esa oferta. Para ello desvió recursos provenientes del aseguramiento. Cerca de $8,5 billones. Hacia los denominados equipos básicos de salud y proyectos de infraestructura. La justificación era construir un nuevo modelo territorial que acercara los servicios a la población.
Pero ¿qué ocurrió realmente con esos recursos? Esa es una pregunta que el país todavía no puede responder.
El documento Corte de Cuentas del Sector Salud, elaborado por Así Vamos en Salud, señala que Colombia tenía 1,93 camas por cada 1.000 habitantes al inicio del período. Cifra que no cambió al final. El documento indica que continúa muy por debajo del estándar internacional de referencia (2,5–3 camas por 1.000 habitantes). Al parecer los recursos no fueron focalizados según las verdaderas necesidades de la red hospitalaria nacional.
Los resultados visibles distan mucho de corresponder a una inversión de semejante magnitud. A pesar de varias denuncias en medios de comunicación, el país aún no dispone de una rendición pública, consolidada y verificable que permita establecer cómo se distribuyeron, ejecutaron y qué resultados produjeron esos billones que el gobierno anterior destinó al fortalecimiento de la atención primaria, los equipos básicos de salud y la infraestructura sanitaria.
Ahora, cuando el terremoto pone a prueba la capacidad instalada del sistema, aparecen edificaciones vulnerables frente al riesgo sísmico y limitaciones que comprometen la continuidad de la atención precisamente cuando más se necesita. El caso del Hospital Universitario del Valle se convierte en el símbolo. Pero no es un caso aislado. Es la expresión más visible de una situación que afecta a numerosos hospitales públicos del país.
La infraestructura hospitalaria no puede seguir dependiendo de decisiones fragmentadas, convocatorias ocasionales o anuncios políticos. Colombia necesita una visión de largo plazo que trascienda los períodos de gobierno. Resulta oportuno abrir un debate sobre el establecimiento de una verdadera Política Nacional de Desarrollo de la Oferta en Salud.
Se trata de definir, con criterios técnicos y epidemiológicos, qué infraestructura necesita cada territorio; cuáles hospitales requieren reforzamiento antisísmico; dónde hacen falta nuevas capacidades de alta complejidad; qué tecnología debe incorporarse; cómo cerrar las enormes brechas digitales que aún existen; cómo garantizar cadenas seguras de medicamentos y dispositivos médicos; y, especialmente, cómo formar, distribuir y retener el talento humano en salud donde más se necesita.
Nada ganaría el país construyendo nuevas edificaciones si continúan faltando profesionales en regiones apartadas, si no existen recursos para mantener los equipos biomédicos, si los sistemas digitales permanecen desconectados o si los hospitales siguen enfrentando crisis financieras permanentes.
El nuevo gobierno tiene hoy una oportunidad histórica. La declaratoria de emergencia derivada del terremoto podría priorizar un programa nacional de reforzamiento antisísmico para la infraestructura hospitalaria crítica, anticipar inversiones según mapas de riesgo, actualizar la capacidad tecnológica de la red hospitalaria (pública y privada) y consolidar una estrategia nacional para el desarrollo del talento humano en salud.
Si el marco constitucional de la emergencia lo permite, podría contemplarse la expedición de un decreto con fuerza de ley que establezca los principios, instrumentos y fuentes de financiación de una Política Nacional de Desarrollo de la Oferta en Salud, que posteriormente sea discutida, enriquecida y avalada por el Congreso de la República como una política permanente del Estado.
Sería lamentable reducir esta situación únicamente a la reconstrucción de los hospitales afectados por el terremoto. Debemos evitar que el próximo desastre vuelva a sorprendernos con las mismas debilidades.
Las tragedias producen dolor y también grandes aprendizajes. Ojalá el terremoto del 10 de agosto nos ayude a comprender que fortalecer el sistema de salud trasciende la discusión sobre quién administra bien los recursos del aseguramiento. Consiste también en garantizar que exista una oferta de servicios de salud segura, resiliente, moderna y capaz de responder mejor cuando la sociedad más la necesita.