Editorial: Giro no sustituye gestión
Augusto Galán Sarmiento MD. MPA
Director del Centro de Pensamiento Así Vamos en Salud
En el sistema de salud colombiano, la creciente dificultad de liquidez que enfrentan hospitales, clínicas y proveedores ha impulsado la adopción de medidas orientadas a acelerar el flujo de recursos. La Resolución 107427 de 2026 de la ADRES se inscribe en esa lógica. Su propósito es claro: facilitar el giro directo de los recursos de presupuestos máximos permitiendo que los soportes y documentos que respaldan los pagos puedan entregarse antes o después del desembolso.
La intención parecería razonable ante las circunstancias. Sin embargo, cuando se examina esta decisión desde la perspectiva de la sostenibilidad del sistema, emerge una pregunta inevitable; ¿qué ocurre cuando el mecanismo de financiación comienza a privilegiar el pago sobre la gestión del riesgo?
Desde hace varias décadas, la literatura internacional ha demostrado que el papel de un asegurador no consiste simplemente en actuar como intermediario financiero entre quien recauda y quien presta los servicios. Su función principal es gestionar riesgos poblacionales, clínicos, financieros y operativos. La teoría clásica del aseguramiento, desarrollada entre otros por Alain Enthoven, muestra que la sostenibilidad de un sistema depende precisamente de la capacidad de anticipar riesgos, organizarlos, mitigarlos y responder a ellos antes de que se conviertan en gasto inevitable.
Por ello, los sistemas de salud más desarrollados evolucionaron desde esquemas de simple reembolso de servicios hacia modelos de gestión integral del riesgo. El Servicio Nacional de Salud británico, las aseguradoras sociales holandesas, los fondos de enfermedad alemanes y los modelos de atención administrada en Estados Unidos comparten un principio fundamental; quien administra recursos debe asumir responsabilidad sobre los resultados y sobre la utilización eficiente de esos recursos. El objetivo es evitar que el sistema se convierta en un simple pagador de servicios o facturas.
Precisamente por ello preocupa mucho la orientación conceptual que sugieren medidas como la recientemente adoptada por la ADRES.
Permitir que los recursos sean girados antes de contar con la totalidad de los soportes documentales implica trasladar el énfasis desde el control previo al posterior. Aunque ello pueda agilizar los desembolsos, también introduce riesgos operativos significativos.
El primero es el riesgo de información. Cuando el pago precede a la validación, aumenta la probabilidad de errores, inconsistencias, duplicidades o registros incompletos. La experiencia internacional muestra que la calidad de los datos constituye uno de los pilares fundamentales de cualquier sistema de aseguramiento. Sin información confiable, la gestión del riesgo se vuelve una tarea imposible.
El segundo es el riesgo financiero. La literatura sobre fraude y abuso en salud -particularmente los trabajos de Sparrow y de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE)- ha documentado ampliamente que los mecanismos de pago con controles débiles generan incentivos para el crecimiento de gastos injustificados, pagos improcedentes y dificultades posteriores para recuperar recursos ya desembolsados.
El tercero es el riesgo moral. Cuando la verificación ocurre después del pago, quienes participan en el sistema enfrentan menores restricciones inmediatas frente a la generación de cuentas o reclamaciones. En la teoría económica este es uno de los problemas más estudiados en los mercados de aseguramiento.
Pero existe un riesgo aún más profundo; el riesgo institucional.
La reforma a la seguridad social colombiana nació en gran medida para superar el antiguo modelo en el que las entidades actuaban como simples cajas pagadoras. Durante décadas, numerosos sistemas públicos del mundo demostraron que transferir recursos sin mecanismos robustos de gestión conduce inexorablemente al crecimiento descontrolado del gasto, a la fragmentación de la atención y a la pérdida de sostenibilidad financiera. Nuestro sistema de salud había avanzado mucho en esos controles.
Por eso resulta paradójico que, mientras los sistemas más avanzados fortalecen cada vez más sus capacidades de gestión del riesgo, auditoría prospectiva, monitoreo predictivo e inteligencia de datos, Colombia retroceda hacia la dirección contraria.
La solución a los problemas de liquidez consiste en mejorar la capacidad de gestión y no en reducir controles. La gestión del riesgo operativo permite identificar fallas de información, anticipar desviaciones, detectar comportamientos anómalos, fortalecer la trazabilidad de los recursos y garantizar que cada peso cumpla efectivamente su propósito sanitario.
Un sistema sostenible requiere velocidad, pero también confianza. Y la confianza no surge de la ausencia de controles sino de la calidad de estos. La sostenibilidad del sistema depende de recursos, pero mucho más, de la capacidad institucional para administrar inteligentemente los riesgos que ese dinero busca cubrir. Allí reside la diferencia entre un verdadero asegurador y un simple pagador de servicios.
¿Cómo garantizar que la urgencia por girar no termine debilitando la responsabilidad de gestionar? Porque si el aseguramiento se limita a pagar cuentas, la historia muestra que el problema simplemente se traslada hacia adelante, acumulando nuevas incertidumbres y mayores costos para el futuro.