Con la sed que se vive

Augusto Galán Sarmiento MD. MPA

Director Centro de Pensamiento Así Vamos en Salud

Promediaba el año 1980 y el médico rural director del hospital de Mogotes -el único profesional en salud del pueblo- trataba de convencer a los concejales del municipio sobre la conveniencia de construir el acueducto. La oposición era mayoritaria y los ediles estaban tranquilos porque contaban con el río Mogoticos que cruzaba la región y “de esa agua bebió y con ella se bañó Monseñor Rueda, y mire doctor, hasta Roma llegó; así es que no vemos necesidad”

La necesidad era obvia con los niveles de desnutrición y de enfermedades diarreicas que afectaban a los pobladores del municipio. El alcalde, el párroco y el médico se habían unido con el propósito de buscar en Bogotá y Bucaramanga, la capital del departamento, los recursos para desarrollar el proyecto; no pudieron.

Reseñan investigadores que el tema de agua potable y saneamiento básico ha deambulado por diferentes dependencias de la administración pública a lo largo de la historia[1]. La Junta de Higiene del Ministerio de Gobierno a finales del siglo XIX. El Ministerio de Obras Públicas en 1936 y 1987. El Ministerio de Trabajo, Higiene y Previsión Social en la década de los años cuarenta.

Para 1942 se constituyó el Servicio Cooperativo Interamericano de Salud Pública (SCISP) que atendía agua y saneamiento en el sector rural. En 1946 al Ministerio de Higiene se le adscribió la Sección de Ingeniería Sanitaria y el SCISP. El Instituto de Fomento Municipal -INSFOPAL- nació en 1950 y se encargó de la planeación y la financiación de esos proyectos municipales dependiendo del Ministerio de Salud desde 1968.

Al tiempo se crearon las Empresas de Obras Sanitarias o EMPOS que tenían carácter regional o municipal, con las que se buscó transformar el modelo de sociedades de acueductos y alcantarillados (ACUAS) que existía con participación de los departamentos, los municipios y el INSFOPAL; lo que dio paso al centralismo de este último, que fue negativo en el desarrollo y ejecución para la dotación de agua potable a los municipios.

La descentralización pretendió cambiar esa realidad. En 1989 desapareció el INSFOPAL. Se trasladaron a los departamentos las oficinas seccionales del Instituto Nacional de Salud y la División de Saneamiento Básico Rural pasó a la Dirección de Agua Potable y Saneamiento Básico del Ministerio de Obras Públicas. La planeación quedó a cargo del Departamento Nacional de Planeación y la financiación en cabeza de la Financiera de Desarrollo Territorial (FINDETER).

En 1992 se creó la Comisión Reguladora de Agua Potable y Saneamiento Básico (CRA), adscrita al Ministerio de Desarrollo Económico. En el 2011 nació el Ministerio de Vivienda con el viceministerio de Agua y Saneamiento. La CRA quedó adscrita a este ministerio. Entretanto, desde 1930 los municipios se han definido responsables para la gestión y provisión de los sistemas de acueducto y alcantarillado.

Numerosos vaivenes administrativos y cuarenta años después del paso de ese médico rural por Mogotes, el pueblo figura para el año 2016 con una cobertura urbana-rural de acueducto del 49% y de alcantarillado de 23%. El casco urbano tiene un porcentaje casi universal, pero la carencia de estos servicios en la zona rural es tal que promedia la cifra a menos de la mitad; además, el IRCA muestra un nivel bajo en la calidad y potabilidad del agua. Mogotes puede ser un ejemplo de lo que ha ocurrido en la mayoría de los municipios del país.

El Índice Así Vamos en Salud 2020, que incluyó en la dimensión de condiciones de vida la cobertura de acueducto y alcantarillado en el país, comparó estos indicadores con los de 37 países de la OCDE. En la escala de normalización que se realizó, Colombia obtuvo el puntaje más bajo en tres de las cuatro variables a nivel urbano y rural: cero en un rango máximo hasta cien.

Lograr la cobertura universal en acueducto y alcantarillado en el país no le corresponde al sector salud; está claro. Puede haber concejales que todavía no tengan precisa la importancia de estos servicios para la salubridad de la gente; pero los malos resultados que tiene el país afectan el bienestar de la población que estaría en otras condiciones de sanidad si el cien por ciento de ella, tanto urbana como rural, tuviera acceso al agua potable y a una adecuada disposición de excretas y residuos. Una meta de Estado que debería definirse para los próximos 16 años.