Editorial: un nuevo contrato social por la salud

Augusto Galán Sarmiento MD. MPA

Director del Centro de Pensamiento Así Vamos en Salud

El Auto 1302 de 2026 de la Corte Constitucional pone al sistema de salud colombiano frente a una encrucijada que no podemos seguir aplazando. No se trata solamente de determinar cuánto debe aumentar la UPC el próximo año. Lo que está en discusión es algo mucho más profundo: cómo hacemos sostenible el derecho fundamental a la salud que los colombianos hemos construido y queremos preservar.

La Corte ha puesto nuevamente las cuentas sobre la mesa. El Ministerio de Salud debe determinar técnicamente cuánto cuesta financiar adecuadamente la atención. No puede comenzar por preguntarle a Hacienda cuánto dinero hay y ajustar después las necesidades a esa cifra. Hacienda tendrá que enfrentar las consecuencias presupuestales de ese cálculo en medio de una situación fiscal particularmente difícil.

La ministra de Salud tiene una gran responsabilidad. El ministro de Hacienda también. Pero el sector salud no puede sentarse simplemente a esperar la plata. Ese sería quizá el peor mensaje que podríamos extraer del Auto.

Durante años construimos un sistema que amplió progresivamente sus beneficios. Incorporamos medicamentos, procedimientos y nuevas tecnologías, y reconocimos, como sociedad, que la atención en salud no puede depender de la capacidad económica de cada persona. Es una conquista que debemos preservar. Pero construimos también la ilusión de que era posible ampliar indefinidamente aquello que garantizamos sin preguntarnos suficientemente cuánto costaba, cómo lo financiaríamos y, sobre todo, qué tan bien utilizábamos los recursos.

El gobierno anterior terminó materializando ese riesgo financiero. La insuficiencia de recursos, las intervenciones de EPS, el deterioro del flujo financiero y el aumento de las dificultades de acceso hicieron visible la realidad que no basta reconocer derechos. Hay que construir las condiciones que permitan garantizarlos, y sostenerlos. Por eso esta discusión no puede reducirse a conseguir más recursos.

El derecho fundamental a la salud no significa que un país pueda entregar inmediatamente todo lo médicamente posible a todos sus ciudadanos. Los recursos son finitos. Pero esa realidad tampoco puede convertirse en la disculpa para no avanzar. Por eso existen la progresividad, la priorización, la eficiencia y la sostenibilidad.

Una UPC suficiente debe reconocer el envejecimiento, la carga de enfermedad, las tecnologías efectivas, los medicamentos necesarios, el talento humano, la inflación sanitaria y las diferencias territoriales. Pero no debería financiar automáticamente la mala gestión, la sobreutilización, el fraude, los precios ineficientes o aquellas intervenciones que consumen recursos sin producir suficiente valor en salud.

Ya hemos mencionado que la sostenibilidad tiene entonces dos caras: necesitamos recursos suficientes y tenemos la obligación de utilizarlos eficientemente. Eso distribuye las responsabilidades.

El Gobierno debe financiar adecuadamente aquello que garantiza. Los aseguradores deben gestionar el riesgo y la utilización. Los hospitales y demás prestadores tienen que obligarse con la pertinencia, la calidad y la productividad. La industria debe comprometerse en la discusión sobre innovación, precios y valor. Los profesionales debemos eliminar prácticas que agregan procedimientos, exámenes o tratamientos sin mejorar proporcionalmente los resultados. Los ciudadanos tenemos también responsabilidades en prevención, autocuidado y utilización apropiada de los servicios.

No podemos pedirle únicamente a Hacienda que resuelva la sostenibilidad del sistema. Pero tampoco podemos utilizar la sostenibilidad fiscal para restringir arbitrariamente el derecho. Entre esos dos extremos aparece una palabra que durante demasiado tiempo hemos evitado: priorizar.

Priorizar no significa abandonar pacientes ni negar derechos. Significa reconocer algo elemental; cada peso que destinamos a una intervención deja de estar disponible para otra. Es el costo de oportunidad. Por eso una sociedad responsable debe preguntarse cuáles son sus principales necesidades de salud, qué intervenciones producen mayores beneficios, cuáles son efectivas y seguras, cuánto cuestan, cuál es su impacto presupuestal y cómo protegemos especialmente a quienes más lo necesitan.

La discusión debe contener la necesidad en salud, pero también la priorización sanitaria, la evaluación de tecnologías, la definición de las prestaciones, su utilización eficiente, el cálculo de una UPC suficiente y la financiación necesaria. Y al final, algo que hacemos poco; medir los resultados obtenidos con esos recursos, identificar el desperdicio y volver a priorizar.

Quizá llegó entonces el momento de construir un nuevo contrato social por la salud. No para volver a discutir si la salud es un derecho fundamental. Esa discusión está superada. Se trata de acordar cómo hacemos sostenible, generación tras generación, la garantía efectiva de ese derecho.

Necesitamos un plan de garantía progresiva y sostenible. Prioridades sanitarias explícitas, metas, financiación suficiente, evaluación de tecnologías, compromisos de eficiencia, reducción del desperdicio y medición de resultados. Necesitamos aceptar que frente a recursos fiscales limitados no podemos tener simultáneamente beneficios prácticamente ilimitados, incorporación permanente de nuevas tecnologías, ausencia de priorización explícita.

La realidad finalmente nos alcanzó. El Auto 1302 obliga al Estado a sincerar las cuentas. La crisis debería obligarnos a todos a sincerar el sistema. No podemos prometer menos simplemente porque no hay plata. Pero tampoco podemos prometerlo todo y limitarnos a esperar que la plata aparezca.

Porque la sostenibilidad no consiste solamente en conseguir los recursos para que el sistema sobreviva mañana. Consiste en preservar el derecho a la salud para quienes lo necesitan hoy y para quienes deberán poder ejercerlo mañana.