Editorial: entregan una sindemia: se trata de salvar a los pacientes

Augusto Galán Sarmiento MD. MPA

Director del Centro de Pensamiento Así Vamos en Salud

Cuando este gobierno comenzó, Colombia emergía de la pandemia por COVID-19. El sistema de salud enfrentaba sus rezagos: consultas aplazadas, cirugías suspendidas, diagnósticos tardíos, vacunación por recuperar y millones de personas cuya atención había quedado en espera. Era un desafío inmenso, pero conocido. La tarea consistía en reconstituir la capacidad de respuesta del sistema y recuperar la atención perdida.

Cuatro años después, el país y el próximo gobierno reciben una realidad distinta y más grave. Ya no enfrentamos únicamente los efectos acumulados de una pandemia. Hoy convivimos con una verdadera sindemia. Múltiples condiciones sin atención se potencian mutuamente y amenazan la vida de cientos de miles de personas.

Como ya lo hemos mencionado se trata de un problema financiero y administrativo, pero también una crisis simultánea de acceso, oportunidad, continuidad de los tratamientos, gobernanza y confianza. Una crisis que afecta precisamente a quienes menos pueden esperar.

Los pacientes con enfermedades huérfanas, cáncer, VIH/sida, enfermedad renal crónica, enfermedades cardio y cerebrovasculares, diabetes, enfermedades autoinmunes y otras patologías de alto costo dependen de una atención continua. En estos casos, cada semana de retraso significa progresión de la enfermedad, discapacidad irreversible o incluso la muerte. Para ellos, el tiempo también es un medicamento.

Producto de las acciones del gobierno que termina, miles de esos pacientes han dejado de recibir oportunamente medicamentos, procedimientos, dispositivos médicos, consultas especializadas y tratamientos integrales. Ya conocemos las cifras de peticiones, quejas, reclamos y solicitudes, así como el crecimiento sostenido de las acciones de tutela. Detrás de cada estadística existe una persona cuya enfermedad siguió avanzando mientras el sistema discutía ideología, procedimientos administrativos, fuentes de financiación o competencias institucionales.

Como si ello fuera poco, el país conoce finalmente -aunque de manera parcial y todavía rodeada de múltiples interrogantes- un registro financiero de la Nueva EPS durante una parte del período de intervención estatal. Lo que muestran esas cifras es mucho más que un deterioro contable. Constituyen la radiografía de un profundo fracaso operativo y gerencial y la demostración de la incapacidad del Estado para administrar, por sí solo, un asegurador de la magnitud y complejidad de la mayor EPS del país.

Esos registros financieros publicados confirman buena parte de las advertencias formuladas por pacientes, hospitales, clínicas, sociedades científicas, proveedores, asociaciones de usuarios, centros de pensamiento y organismos de control. La insuficiencia de la Unidad de Pago por Capitación, el crecimiento de las deudas, la pérdida de gobernanza, la fragmentación de las decisiones y la ausencia de una conducción técnica terminaron acumulando una crisis que hoy acorrala la continuidad misma de la atención.

El nuevo gobierno ha anunciado la destinación de diez billones de pesos para iniciar la recuperación del sistema. La decisión constituye un paso importante, pero la verdadera pregunta no es cuánto dinero se inyectará, sino cómo se utilizará. La experiencia de la pandemia ofrece aquí una enseñanza invaluable.

Durante la emergencia por COVID-19 el país entendió que administrar una crisis sanitaria exigía mucho más que recursos. Fue necesario construir un puesto de mando unificado, integrar información diaria, identificar poblaciones prioritarias, definir metas verificables, coordinar instituciones públicas y privadas, asignar responsabilidades precisas y evaluar permanentemente los resultados. Ese modelo de gestión permitió salvar miles de vidas.

Hoy esta sindemia exige exactamente la misma disciplina. Hay que insistir en ello, el país necesita un verdadero puesto de mando para la recuperación del sistema de salud, con liderazgo técnico del más alto nivel, participación de Ministerio de Salud y Hacienda, Superintendencia Nacional de Salud, entidades territoriales y organismos de control, usuarios, pacientes, EPS, IPS, industria farmacéutica, ADRES.

Un comando que publique diariamente indicadores de acceso, entrega de medicamentos, oportunidad en tratamientos, pagos y recuperación de servicios críticos.

Los diez billones de pesos no pueden convertirse simplemente en un alivio financiero. Deben ser un instrumento para rescatar pacientes. Su asignación debe obedecer a criterios clínicos y epidemiológicos claramente definidos. Deben priorizarse quienes enfrentan mayor riesgo de muerte, discapacidad o pérdida irreversible de calidad de vida por la interrupción de sus tratamientos. Cada peso debe poder seguirse desde el presupuesto nacional hasta el paciente que recibe efectivamente el medicamento, el procedimiento o la atención requerida. La transparencia será tan importante como la suficiencia de los recursos.

Si aprendimos algo durante la pandemia fue que, cuando la vida está en juego, las decisiones deben ser rápidas, coordinadas, transparentes y guiadas por la evidencia. Esa es hoy la responsabilidad histórica del nuevo gobierno. Porque antes de rescatar instituciones, hay que rescatar pacientes.

Finalmente, el país necesita recuperar una verdad elemental que parece haberse extraviado durante estos cuatro años. El sistema de salud existe para cuidar personas, no para defender modelos ideológicos. Las discusiones sobre aseguramiento, financiamiento, organización o regulación son necesarias, pero solo tienen sentido si protegen la vida y el bienestar de las personas.