Editorial: Los primeros noventa días: recuperar la salud de los colombianos
Augusto Galán Sarmiento MD. MPA
Director del Centro de Pensamiento Así Vamos en Salud
El próximo gobierno recibirá un sistema de salud que atraviesa la mayor crisis de funcionamiento en muchas décadas. Más allá de las diferencias políticas sobre el modelo, existe un hecho incontrovertible: millones de colombianos enfrentan hoy mayores dificultades para obtener una cita médica, recibir oportunamente un medicamento o acceder a un tratamiento especializado. Aseguradores, hospitales, clínicas, proveedores y gestores farmacéuticos soportan una presión financiera sin precedentes. La incertidumbre institucional ha debilitado la confianza entre todos los actores.
Los primeros noventa días del nuevo gobierno no deberían concentrarse en abrir otra gran discusión ideológica. Estabilizar el sistema para garantizar la atención de los pacientes, es la prioridad. Antes que una reforma concebida desde el escritorio, Colombia necesita un plan nacional de recuperación con objetivos concretos, responsables identificables, cronogramas verificables y mecanismos permanentes de seguimiento.
Lo primero es reconocer que el país enfrenta una situación extraordinaria. Declarar un plan de estabilización del sistema de salud enviaría un mensaje claro de responsabilidad institucional. Ello supone convocar una mesa nacional de crisis que reúna a usuarios, pacientes, EPS, IPS, proveedores, ADRES, Superintendencia Nacional de Salud, Ministerio de Hacienda, Ministerio de Salud, entes territoriales y la Corte Constitucional, en el ámbito de sus respectivas competencias. No se trata de consensos retóricos sino de construir un plan público con metas semanales sobre acceso, pago de obligaciones, disponibilidad de medicamentos y recuperación de la capacidad operativa.
Sin conocer con precisión el tamaño del problema financiero, cualquier solución será incompleta. Por ello, durante el primer mes resulta indispensable realizar una auditoría técnica e independiente que establezca cuánto se adeuda realmente, quiénes son los acreedores, cuáles obligaciones se encuentran plenamente validadas, cuáles permanecen en controversia y cómo se distribuyen entre UPC, presupuesto máximo, recobros, medicamentos y demás servicios. Ningún sistema puede recuperar su equilibrio si desconoce el verdadero estado de sus cuentas.
Ese ejercicio debe conducir inmediatamente a un mecanismo extraordinario para cancelar las obligaciones verificadas. No todas las deudas pueden esperar el mismo tiempo. La prioridad debe dirigirse hacia las redes de alta complejidad, los medicamentos de alto costo, la atención del cáncer, las enfermedades huérfanas, la diálisis, las unidades de cuidado intensivo y las entidades con mayores dificultades financieras. Recuperar el flujo de recursos constituye, probablemente, la intervención más eficaz para restablecer la capacidad de respuesta del sistema.
Es inevitable revisar técnicamente la Unidad de Pago por Capitación. La suficiencia de la UPC no puede convertirse en una discusión política sino actuarial. Su cálculo debe sustentarse en información auditada, costo médico, cambios demográficos, envejecimiento poblacional, frecuencia de utilización de los servicios, evolución tecnológica y carga de enfermedad. La prima de aseguramiento ha perdido correspondencia con el riesgo real de la población.
Una prioridad igualmente urgente será recuperar el suministro de medicamentos. El país requiere un plan de choque que combine pagos priorizados, identificación nacional de faltantes, compras agregadas cuando resulten eficientes, sistemas de trazabilidad y acuerdos transparentes con la industria farmacéutica, los gestores y las instituciones prestadoras. El sistema tiene la obligación de garantizar los tratamientos.
El nuevo gobierno deberá proteger especialmente a quienes enfrentan mayor vulnerabilidad clínica. Los pacientes con cáncer, VIH, enfermedades huérfanas, hemofilia, trasplantes, insuficiencia renal, trastornos mentales graves, así como las gestantes y los niños, requieren una protección reforzada. No hay justificación para interrumpir tratamientos cuya continuidad determina la vida o la supervivencia de las personas.
También será indispensable actuar con prudencia frente a los traslados masivos de afiliados. La historia reciente demuestra que movilizar millones de usuarios hacia entidades que no cuentan con suficiente capacidad operativa, redes consolidadas o respaldo financiero termina agravando los problemas que precisamente se pretendían resolver. La protección del paciente debe prevalecer sobre cualquier decisión administrativa.
Las intervenciones estatales tampoco pueden limitarse al ejercicio del control. Intervenir significa administrar mejor. Cada entidad intervenida debería operar bajo metas públicas de reducción de quejas, oportunidad en la asignación de citas, entrega de medicamentos, disminución de cartera, pago a los prestadores y mejoramiento de resultados en salud. No se trata de cambiar interventores sino de contar con equipos que aseguren la eficacia y eficiencia.
De igual manera, el país debe preservar uno de los principios esenciales del aseguramiento moderno: la gestión integral del riesgo en salud. El giro directo puede fortalecer el flujo de recursos y aportar transparencia financiera, pero nunca debe convertir al asegurador en un simple pagador de facturas. Coordinar redes integradas de atención, gestionar poblaciones, realizar auditoría clínica, promover acciones preventivas y acompañar longitudinalmente al paciente son funciones indispensables para mejorar los resultados sanitarios y la eficiencia del gasto.
El país no necesita comenzar nuevamente desde cero. Necesita recuperar lo que ha dejado de funcionar, corregir lo que la evidencia demuestra que debe cambiar y preservar aquello que ha permitido proteger la salud de millones de colombianos durante décadas. Los primeros noventa días del próximo gobierno serán decisivos. De ellos dependerá que la salud vuelva a ser un derecho garantizado para los pacientes y no una preocupación cotidiana para las familias colombianas.