Marzo 20 de 2013

Una vez conocidos los textos de los proyectos de ley radicados por el propio Presidente Santos en el Senado de la República, tanto Estatutaria (proyecto 209/13-senado) como Ordinaria (proyecto 210/13-senado), queremos reafirmar nuestra inquietud por el enfoque inadecuado, por decir lo menos, qué tiene el Gobierno Nacional en la inaplazable urgencia de realizar una reforma integral y estructural del Sistema General de Seguridad Social especialmente en Salud por la crisis en la que se debate el sistema con el riesgo de seguir su curso de empeoramiento progresivo.

Nuestra posición, que ha sido expresada en diferentes oportunidades, en diferentes foros y reuniones, incluidas algunas con el propio Presidente Santos y defendida tanto por la Federación Médica Colombiana en particular y en general como integrante del amplio frente social que se ha venido conformando con la Gran Junta Medica Nacional, la Alianza Nacional por la Salud -ANSA-, la Coalición por la salud y el Movimiento de seguimiento al cumplimiento de la sentencia 760 de la Corte Constitucional entre otras organizaciones, sigue siendo la misma enunciada desde hace varios años, la cual reiteramos una vez más ya que tiene plena vigencia: La reforma que requiere el país debe ser estructural e integral fundamentada en reformas sustanciales en todo el frente social: salud, educación, laboral, que involucre vivienda, empleo, saneamiento ambiental, salud pública, pensiones es decir todos los determinantes en el bienestar de la población, que ofrezcan una calidad de vida adecuada y suficiente para todos y cada uno de los habitantes de esta país, que produzca una reducción al mínimo en las posibilidades de cada persona de enfermar, con una esperanza de vida mayor y con una mínima carga de la enfermedad es decir con una calidad de vida digna y sana.

Pero reiteramos el enfoque que tiene el gobierno en este momento en este campo, y lo decimos con todo respeto, es totalmente equivocado.

La propuesta lógica y ordenada para tener resultados exitosos debe basarse en tener una hoja de ruta para organizar el sistema de seguridad social es decir tener un marco conceptual y constitucional que le de piso jurídico y fuerza legal a las reformas urgentes que necesita el país en su sistema asistencial y de prestación de servicios de salud que den respuestas a la situación actual y que sean permanentes en el tiempo.

Debemos primero ponernos de acuerdo en el QUÉ: cuáles son los cimientos sobre los que debe construirse el sistema y una vez definidos esos cimientos llegar a acuerdos sobre el CÓMO: hacer realidad, en forma práctica y en un plazo conveniente el darle cristiana sepultura al cadáver de un sistema donde prima el ánimo de lucro sobre la garantía del derecho a la vida y la salud.

Con estos argumentos es que hemos venido planteando que la Ley Estatutaria es realmente prioritaria y debe ser aprobada primero para que su propio contenido sea ya una base fundamental para la reforma total al sistema pues su objetivo es "garantizar la salud como un derecho humano constitucional y fundamental" (articulo 1º.) y obliga al Estado a ser "el responsable de garantizar, propiciar, facilitar y tutelar el derecho a la salud para todos los colombianos , desde antes del nacimiento y hasta su muerte" (articulo 2º.) y ordena al Estado a "crear un sistema único de salud, con aseguramiento de carácter social, es decir, que todo colombiano estará cobijado por el sistema en igualdad de condiciones, dentro de un plan único de salud" (articulo 3º.)

Dentro de éste análisis inicial a los proyectos creemos que estos artículos, los anotados y los demás que integran el proyecto 209/13-senado, despejan en una gran medida el panorama para tomar las decisiones que necesariamente deban adoptarse para terminar definitivamente con cualquier tipo de intermediación financiera en todo el sistema de seguridad social, para organizar una red única de prestación de servicios de salud de carácter público con participación, allí si, del sector privado, para definir la financiación del sistema con dineros públicos a través de recursos fiscales y parafiscales, centralizados en un fondo único pagador cuya reglamentación debe ser conjunta entre los Ministerios de Salud y Protección Social y Hacienda y Crédito Público, para garantizar la calidad de la prestación de los servicios de salud, para organizar el proceso de la atención primaria en salud, para definir el tema del talento humano en cuanto a vinculación laboral y educación médica continuada, es decir, para garantizar un funcionamiento coherente del sistema y se cumplan plenamente los principios en que se basa la Seguridad Social: solidaridad, universalidad, integralidad, eficiencia, equidad y oportunidad.

Mucho nos tememos que esta nueva oportunidad de llegar al objetivo del cambio total de la estructura se convierta en una frustración más, con el agravante de la profundización de la crisis del sistema de salud no sólo financiera sino en los resultados en indicadores de salud, en esperanza de vida, en carga de la enfermedad, en procesos de atención que lleve a consecuencias impredecibles y preocupantes en el campo de la protesta social que se hace cada vez mas beligerante.

Independientemente de que los poderes ejecutivo y legislativo sigan ciegos y sordos ante el clamor nacional, seguiremos tercamente insistiendo en el DEBER SER del momento actual, no solamente para delimitar responsabilidades sino para cumplir con el compromiso social que tiene la Medicina y porque hay principios en nuestra profesión que no pueden pretender reducir a las leyes del mercado y dejar de observar: el ejercicio medico ético y la defensa de los derechos del paciente.

Tomado de: www.federacionmedicacolombiana.com