Marzo 1 de 2013

Por Así Vamos en Salud*

La información que se conoció en el país a primeras horas de la mañana del lunes, es sin duda una de las noticias más importantes para los colombianos. El Ministro de Salud, Alejandro Gaviria anuncio los puntos claves del proyecto de reforma del sistema de salud que será radicado por el Gobierno en el Congreso a pocos días de iniciarse la agenda legislativa.

Si bien, los aspectos claves presentados señalan los lineamientos sobre los cuales se estructura la reforma de salud, lo indicado es conocer el articulado en su totalidad para lograr el análisis y la construcción propositiva que como sociedad estamos en obligación de hacer.

Los objetivos trazados para esta propuesta son los que deben ser, es adonde se quiere llegar desde hace mucho tiempo. Se observa claramente la intención en la propuesta para reducir barreras de acceso a los servicios, elevar la calidad de los servicios prestados e inclusive disminuir la intermediación financiera, muy seguramente alcanzables en la medida que son procesos que se construyen, se desarrollan y se aprenden. Pero ¿cuál será el camino para recuperar la confianza, disminuir la corrupción y aumentar la transparencia? Cómo volver a que las instituciones gocen de la legitimidad que hoy el país necesita?

Ahora bien, revisemos algunos de los aspectos que hasta hoy sido compartidos con la ciudadanía a través de las declaraciones del Ministro de Salud y sus más cercanos colaboradores.

Vemos como una fortaleza y hasta con tranquilidad la clara intención para recuperar la administración de los recursos parafiscales, que además de ser recursos públicos, son los recursos con lo que se debe administrar el régimen contributivo y subsidiado. Esperamos que Mi-Salud, Entidad Única Estatal maneje con responsabilidad de aprox. 20 billones de pesos anuales y para ello cuente con los controles respectivos que haga la súper financiera para dar la transparencia necesaria y que se garantice de esta forma la sostenibilidad financiera.

En términos de equidad en salud, la definición del Plan de Beneficios - POS Integral, es meritoria. Lograr la unificación de cobertura en términos de servicios, procedimientos y medicamentos genera mucha expectativa, por lo que recomendamos disponer de una muy buena comunicación hacía la ciudadanía para que realmente sepan de entrada a que tiene derecho plenamente. Ya en términos de integralidad y continuidad en tratamientos es necesario articular la red de prestación, de lo contrario, esta buena intensión estaría en riesgo.

Relacionado con la unificación del Plan de Beneficios, hacemos un llamado para que los responsables analicen y realicen la búsqueda de elementos necesarios para que se que pueda disminuir la inducción a las tutelas, pero sin crear barreras a los usuarios en la exigibilidad de un derecho establecido.

En el ámbito de la transición que deben tener las actuales EPS, es aún difuso el destino que ellas deban o puedan tomar. Hay necesidad de tener mayor información sobre el rol que les espera vayan a asumir. No obstante, estamos seguros que será un debate de gran controversia, donde temas de eficiencia y de lo que representa el negocio financiero para otras serán abordados por los diferentes actores del ramo. Estaremos atentos a hacer el seguimiento y monitoreo al proceso para dar la discusión en su debido momento.

¿Será que la integración vertical de las actuales EPS solo con el primer nivel de atención se lograra hacer? Creemos que se deben unir esfuerzos para buscar el fortalecimiento del nivel básico de atención como puerta de entrada de los usuarios al sistema de salud. Los agentes que vayan a asumir la función de gestionar el riesgo en salud, deben entender claramente el concentrar sus acciones en garantizar la promoción de la salud y la prevención de la enfermedad, así como fortalecer las redes de Atención Primaria en Salud. Al respecto, es necesario involucrar las universidades para que analicen si los profesionales del área de la salud que están formando tengan la capacidad para asumir esta responsabilidad, ese es uno de los temas que amerita una revisión urgente con otro sector, en este caso el de educación.

Unido a lo anterior, ¿tienen los responsables del manejo del aseguramiento en los territorios, muy específicamente en el tema del Régimen Subsidiado, las capacidades administrativas, jurídicas y financieras necesarias para asumir estas responsabilidades? Esperamos que el articulado contemple un plan de transición y formación a estos líderes.

Cuando se ha presentado por parte del Ministro la propuesta del los Entes territoriales y servicios de salud, para que los municipios responden por la atención básica y los departamentos por la alta complejidad "solo si cumplen algunos requisitos". ¿Que requisitos y quién será la autoridad para acreditar sus capacidades?

Creemos que sería muy acertado lograr que los agentes aseguren su permanencia en los territorios, asumiendo además de la responsabilidad de articular, la realización de un monitoreo permanente para garantizar la integralidad y continuidad de los servicios acorde con las formas de organización adaptadas para cada región. Pongamos la lupa para que en el proceso de articulación de la red, no se dé el nicho para la politiquería y el clientelismo, situación responsable en gran medida de lo que hoy se tiene en el sector salud.

Seguiremos analizando el proyecto de reforma en la medida en que vamos teniendo acceso al articulado completo para seguramente así poder resolver las preguntas que hoy tenemos, como son: ¿está contemplado el Ministerio en esta propuesta de reforma, un sistema de salud especial para poblaciones indígenas por ejemplo?, ¿Cómo será el proceso de transición? ¿Qué va a hacer el Estado para que los responsables de las deudas respondan? ¿Cuál es el número mínimo de afiliados para organizarse en los territorios? ¿Cuál es la distribución de territorios que planteara el Ministerio? El listado puede seguir.

*Programa que desde hace una década hace seguimiento a indicadores y políticas públicas del sector, el resultado de esta gestión lo divulga a la ciudadanía. Es resultado de una alianza entre las fundaciones Antonio Restrepo Barco, Bolívar Davivienda, Corona, Éxito, Saldarriaga Concha y Santa Fe de Bogotá, así como de la Universidad de Antioquia.