Esta semana han aumentado las voces que le piden al presidente Juan Manuel Santos que sancione cuanto antes la Ley estatutaria de reforma a la salud, que el Congreso aprobó en junio de 2013. No solo han sido congresistas de oposición como los senadores del Polo Jorge Enrique Robledo y Alberto Castilla, y la representante verde Ángela Robledo; también voces de peso desde la sociedad civil, la Procuraduría y la propia Corte Constitucional.

Los distintos pronunciamientos coinciden en que ya se cumplieron los tiempos que tenía el presidente para sancionar la norma, luego del control de constitucionalidad que hizo la Corte en mayo del 2014, por eso consideran que no hay una razón lógica para la demora.

Además del tinte político, hay una cuestión jurídica que genera diferencias: la posibilidad de que la Ley regrese al Congreso, que es lo que pide el Gobierno a través del ministro de Salud, Alejandro Gaviria.

La historia es la siguiente:

• La ley pasó a control de la Corte Constitucional tras la aprobación en el Congreso en junio de 2013.
• Ese tribunal se pronunció mediante una sentencia (C-313/14) en mayo de 2014.
• El fallo no fue del agrado del Gobierno. Aunque la Corte le dio vía libre a la Ley, condicionó su aplicación y atenuó las pretensiones del Gobierno en cuanto al principio de sostenibilidad fiscal, por ejemplo.
• La Corte, en el documento, cometió errores de digitación que la obligaron a corregir. Lo hizo mediante un auto del 3 de diciembre del 2014. Es decir, hace casi dos meses.

Los críticos afirman que el paso siguiente debería ser la sanción u objeción de la Ley, que le corresponde al presidente Santos. Lea, por ejemplo, los pronunciamientos de los congresistas Ángela Robledo, Alberto Castilla y Jorge Robledo.

El ministro Gaviria, sin embargo, se basa en que, dado que la ley, tal y como fue aprobada, no fue declarada por la Corte totalmente acogida a la Constitución, debe regresar al Congreso. Para eso se vale del decreto que regula los procedimientos del propio tribunal (particularmente de los artículos 33 y 41). El secretario del Senado, Gragorio Eljach, ya le dio la razón al alto funcionario y lo invitó a que se presente en las sesiones ordinarias que comienzan en marzo para terminar el trámite legislativo.

Lo aparentemente paradójico en todo esto es que los congresistas que piden la pronta sanción de la norma se opusieron en su momento a la aprobación, argumentando que restringía el derecho fundamental a la salud, por más que en el texto se estableciera lo contrario. Su posición ahora se fundamenta en que la demora le permite al ministro firmar decretos que irían en contra de lo que la Corte estableció en su fallo al aceptar con salvamentos la ley.

Ángela Robledo pone como ejemplo el decreto 2702 de diciembre pasado que, según ella beneficia a las tan criticadas EPS.

Alberto Castilla afirma: "La expedición de estos decretos resulta desconcertante si se tiene en cuenta que lo procedente sería sancionar la ley estatutaria para después adoptar medidas estructurales sobre el sistema de salud".

Pedro Santana, representante de la Mesa Nacional por el derecho a la salud, ya afirmó que recurrirán a acciones legales que permitan que ante la renuencia del presidente a sancionar la ley, lo haga el presidente del Congreso, senador José David Name.

Por ahora el ministro está confiado de que lo que falta es sencillo, así toque esperar un mes más, cuando se cumpla más de año y medio desde que la Ley fue aprobada en el Congreso.

De ahí que este se convierta en otro proyecto pendiente de discusión para este año, como otros que ya ha reseñado Congreso Visible.

Tomado de: http://www.congresovisible.org/agora/post/por-que-el-presidente-no-ha-sa...