La propuesta de una atención diferenciada para las regiones más apartadas debe articularse con niveles de más alta complejidad.

En el sistema de salud actual, el Gobierno destaca los avances en afiliación, equidad, aumento de servicios y reducción del gasto de bolsillo, y al mismo tiempo reconoce grandes retos en calidad, barreras de acceso y fraccionamiento de la prestación.

Ante la gran desigualdad entre regiones, reflejada en una mortalidad materna en La Guajira tres veces superior al promedio nacional, la reforma propone modelos de prestación diferencial en zonas aisladas y para minorías étnicas. Muchas de estas regiones sólo cuentan con prestadores públicos y las EPS afilian pero no garantizan el servicio. Se debe tener en cuenta las diferencias culturales y al mismo tiempo articular estos servicios, con niveles de más alta complejidad en grandes ciudades.

La permanencia de los regímenes subsidiado y contributivo es injustificable, cuando ya se han unificado los paquetes de servicios y su pago. Esto mantiene el concepto de servicios para personas en condición de pobreza y alimenta la inequidad.

En este nuevo modelo se crea un fondo único que reduciría el número de recaudadores, las transacciones y facilitaría un mejor seguimiento de los recursos. El proyecto se queda corto en mecanismos para evitar la evasión de un 20% de colombianos que podrían aportar al sistema. El subsidio parcial dependiendo de ingresos es una herramienta que no se ha utilizado para lograr mayor participación en el financiamiento del sector.

Los gestores de servicios de salud serían operadores de las redes de prestación y quienes autorizarían los pagos. Las EPS no desaparecen, sino que se transforman en gestores, que reciben un porcentaje por administrar y un extra por resultados en salud. No queda claro cuál es el incentivo para controlar gastos que tendría este gestor.

La ley asigna las acciones de salud pública a los entes territoriales, mientras que las prestaciones individuales se realizarán dentro de áreas de gestión sanitaria, a través de redes y bajo la responsabilidad de los gestores. No se desarrolla un modelo de atención primaria en salud, la cual se confunde con primer nivel de atención, ni se articula lo individual con lo colectivo.

La sostenibilidad financiera de las empresas sociales del Estado requieren mucho más que una reforma a su régimen laboral, porque luego de varios programas de mejoramiento poco exitosos, lo claro es que su crisis incluye problemas de pasivo pensional, ineficiencia, recursos humanos, entre otros.

El plan de beneficios se amplía sólo dejando una pequeña lista explícita de exclusiones, lo que puede solucionar el problema del No POS, pero pone en riesgo la viabilidad financiera del sector.

En vigilancia y control se busca dar más poder a la Superintendencia de Salud para sancionar a los actores y se aclaran los mecanismos de intervención. Actualmente la Supersalud tiene intervenidas grandes EPS como Saludcoop y se ve obligada a supervisarse a sí misma. Es importante que un ente externo a la Supersalud evalúe el impacto de estas intervenciones.

Mientras la Superintendencia mezcle la administración de los entes intervenidos con la vigilancia, no podrá centrarse en lo que debe ser su papel: defender al usuario.

Recordemos que los principales objetivos de todo sistema de salud son mejorar o recuperar la salud de las personas y evitar que el gasto en salud genere la quiebra de las familias. El Ministerio tiene la responsabilidad de alinear los incentivos de los diferentes actores del sistema en el cumplimiento de estos objetivos.