Sentencias

Audiencia Pública de Rendición de Cuentas Sentencia T-760

A las 8:00 a.m. el Magistrado Jorge Ivan Palacio Palacio hace apertura de la Audiencia, comenta que el tribunal aprecia que los problemas sociales Colombia sean de interés mundial, además menciona que la Corte tiene claras sus competencias constitucionales y su obligación material de hacer cumplir la Constitución y los derechos fundamentales. La salud es un derecho fundamental, sin embargo, existe una inmensa preocupación que algunos organismo estatales no comprenden el compromiso del estado social de derecho por no otorgarle la debida importancia al derecho a la salud, situación que ha ocasionado que la sociedad colombiana se pueda cataloga hoy de enferma. El Magistrado cita como objetivos de la presente audiencia los siguientes: Conocer que está pasando con los recursos del sistema, revisar las nuevas fuentes de financiación, saber las medidas tomadas para evitar que los actores del sistema presenten datos inflados, conocer la destinación de los recursos de la UPC, las regulaciones adoptadas para la correcta administración de dichos recursos y las medidas realizadas para la reestructuración del proceso de recobro; entre otros. Reitera que la labor de la Corte se encamina a que los órganos y entidades dirijan sus esfuerzos hacia la prestación efectiva del servicio de salud. El magistrado Palacio afirma que esa Sala está conformada además por los magistrados Mauricio González Cuervo, Gabriel Eduardo Mendoza Martelo y de esta forma da apertura formal a la audiencia pública de rendición de cuentas para el cumplimiento de la sentencia T-760 de 2008.

Beatriz Londoño Soto, Ministra de Salud y de la Protección Social
La Ministra expresa que el gobierno entiende claramente lo que la corte ha planteado y comparte que bajo ninguna circunstancia el derecho a la salud se agote en el POS. El goce efectivo al derecho a la salud es además la base fundamental para el desarrollo y la calidad de vida de las personas y de cada uno de los colombianos, pero también el Ministerio reconoce de manera clara las dificultades en los organismos de vigilancia y de control para asegurar que los ciudadanos puedan tener acceso efectivo, traducido esto en cobertura de aseguramiento y la posibilidad real de acceder a los servicios de salud según su necesidad. Reconoce también que el Ministerio que en materia de información a usuarios no se está cumpliendo con que esta sea oportuna, amplia y sin duda suficiente para hacer uso de sus derechos.

La Corte Constitucional le ha solicitado al Ministerio para que se concentre específicamente en las ordenes 24 y 27, en lo que concierne a como se ha generado por un lado el acceso para los servicios No POS, para lo que corresponde al manejo de esto recursos y al impacto financiero que esto pueda tener dentro del sistema, entendiendo que si hay dificultades en el flujo de los recursos no se debe afectar el acceso a los servicios de salud por parte de los ciudadanos.

El gobierno viene adelantando un trabajo coordinado con el Ministerio de Hacienda y han estudiado para adelantar la unificación del Plan de Beneficios, hoy los ciudadanos entre 18 y 59 años no tiene el mismo plan, esto tiene dificultades en términos de equidad, de movilidad dentro de los regímenes, de portabilidad (solicitar atención en cualquier lugar del país) y le genera dificultad a los usuarios para entender porque una cobertura esta en un régimen y en el otro no y porque si se tiene trabajo hay unas coberturas pero si no tengo empleo son otras. Por lo anterior el gobierno está adelantando toda la gestión para que en el mes de Julio después de considerar el tema de sostenibilidad financiera (responsabilidad absoluta del estado) se pueda adelantar dos años y lograr la unificación del plan de beneficios. Este es un tema central que no solo lo requiere el país sino que para los actores hace más expedito y permite inclusive apoyar un mejor flujo de dinero y significa menores posibilidades de fraude dentro del sistema.

Para el acceso de los ciudadanos y el decreto ley anti tramite se estableció igualmente que debe haber una sola instancia a través de los CTC o Juntas de pares en la Superintendencia de Salud, esto para tener unas bases más solidas sobre la pertinencia y la necesidad de de que los pacientes tengan acceso a diferentes tecnologías, tratamientos, etc. con criterio estrictamente medico.

Se ha adelantado adicionalmente un trabajo con pacientes, representantes de la sociedad civil para consolidar una ruta para el modelo de atención, para mejorar el sistema información de registros, que lleva a un registro único, confidencial, vigilado para garantía de la continuidad de tratamiento pero también para la vigilancia estricta sobre la pertinencia de la prescripción y el correlacionamiento que pueda existir entre lo que se ordena y la garantía del derecho del paciente a los medicamentos, finalmente esto ayudara a reducir costos y garantía de provisión.

A las EPS tanto del Régimen Contributivo como régimen subsidiado a partir de Junio se harán efectivo el descuento por negación de servicios POS inequívocamente incluidos en el plan de beneficios, esto a fin de que haya un control mucho más severo y una disminución de las tutelas.

Estamos igualmente en el desarrollo con la participación de algunos actores en la política Nacional Farmacéutica, radicada en el documento COMPES para que se garantice y se proteja calidad, eficacia, seguridad y acceso a los diferentes medicamentos en el país. La política Nacional Farmacéutica ha tomados elementos de la OMS, de la academia, de universidades de diferentes países a fin de dar una ruta que garantice en la medida de lo posible, con las restricciones que conocemos, para tener medicamentos mas seguros y a menor precio.

Con relación al flujo de manejo de recursos, el Ministerio aprobó la fijación de topes para valores máximos de recobros a 135 principios activos equivalente a 5.901 medicamentos para un total de 90% de los recobros. Se está exigiendo que haya consistencia en la información de los recobros tanto en los medios físicos como en medio magnético para que haya estandarización, validación, auditoria y para que la información sea pública. Así mismo, se genero un marco regulatorio para asegurar que los soportes de los recobros cumplan con lo que la Corte Constitucional ha establecido.

Se ha exigido el plazo para la radicación de los recobros, teniendo en cuenta que hacia el 3 o 4 mes las EPS radican la mayoría de los recobros de las prestaciones ya otorgadas. El Ministerio ve que estas decisiones contribuyen a un escenario mucho más amplio en términos de poder tener el acceso efectivo, la consistencia en la información y la transparencia permanente de los recursos dentro del sistema de salud.

Un cambio que se incorpora en el proceso de Auditoria desde que esta el nuevo gobierno es la garantía que la auditoria se separa de quien tiene la responsabilidad del pago, esto hace que no se incentive en ningún momento glosas que puedan llevar a que el servicio o el acceso para los pacientes se vea alterado.

Seguridad informática es una obsesión para minimizar la vulnerabilidad, para evitar que haya malversación y uso inadecuado de corte de información no presentada.

Ministro Juan Carlos Echeverri – Ministro de Hacienda:
Se sugiere que el Ministerio de Salud debe implementar de forma categórica todos los controles necesarios para que los costos no se disparen.

El cierre de los faltantes se debe hacer por dos vías: Más ingresos con aportes fiscales, mayor cotización y aumento en la formalización del empleo.

Y menores costos, esto se logra con mayor regulación, control precio de medicamentos y actualización del POS.

Se deben tomar medidas en todas las direcciones, es una mezcla de las anteriores, ninguna por si sola soluciona el problema de la insuficiencia de los recursos del POS.

Desafíos: Los recursos del POS no son suficientes, se necesitan aportes adicionales de la nación. Esto considera nuevas fuentes de financiación: IVA, aportes de 1 billón de pesos anuales hasta el año 2050, contribución con impuestos a cigarrillo y cerveza y Coljuegos (debe estar produciendo 2 billones de pesos para la salud).

El balance del régimen contributivo es positivo pero el balance del régimen subsidiado es negativo.

Riesgos:

Jaime Arias – Presidente de ACEMI: Asocajas y Gestarsalud
El No POS continúa sin una solución efectiva, el problema estructural es mayor, el estado ha tomado la iniciativa pero las medidas son insuficientes, cita como ejemplo que se definieron 2 artículos para agilizar el recobro, ninguno ha sido reglamentado.

Tope máximos en medicamentos está beneficiando al FOSYGA pero afecta a las EPS, el gasto administrativo para legalizar los soportes está aumentando considerablemente, los trámites están "satanizados", las cuentas son auditadas hasta 3 veces. Según el presidente Jaime Arias, las aseguradoras están financiando al estado. El POS se amplió levemente, hubo una reducción de apenas del 20% en los recobros. Se conoce que mensualmente llegan al Fosyga 250.000 recobros y que tienen un valor de $200.000 millones de peso. En un solo mes (diciembre del año 2011) se entregaron al Fosyga 1 millón de recobros. En el 20% de los recobros, el valor promedio es de $700.00 y el 20% de estos no alcanza a valer ni siquiera $50.000 (no da para pagar los gastos administrativos de dicho recobro). En el año 2011 las cuentas para auditar por parte del Fosyga se aumentaron en un 40%. El 80% de los recobros equivales a medicamentos. Aproximadamente el 70% de los recobros son glosados

La deuda del FOSYGA a las EPS es de 2 billones para el contributivo. Para el Régimen Subsidiado la suma es equivalente y dobla el patrimonio de las EPS.

El Dr. Arias expresa que hoy el sistema es insostenible por: 1) Fallas de regulación y control: La regulación es confusa, inadecuada, copiosa, obsoleta y ambigua. Se necesita con urgencia un programa de política pública de estatutos regulatorios, este sector necesita estabilidad jurídica. 2) Insuficiencia de recursos económicos: Hay imprecisión sobre la naturaleza de la UPC, la UPC del régimen subsidiado no alcanza. El cálculo es un misterio, después de 4 meses no se le ha informado al país como es la nota técnica de la UPC. Unificar los dos regímenes: justo y necesario, pero provisionando con recursos del estado y 3) Las fallas en la calidad de los servicios de las EPS y de los hospitales.

Para terminar expresa gran preocupación por la incertidumbre sobre el futuro las EPS, pareciera ser que no se entiende el rol de las EPS en la ley 100 y porque la cuenta del Fosyga se está agotando y además opina que los recursos fluyen muy lentamente.

La propuesta de ACEM es eliminar el NO POS (90%), fortalecimiento del POS, y establecer un programa de política pública. También sugiere medidas transitorias: a) La nación debe asumir plenamente la financiación del No POS, b) Deben eliminarse las tutelas, c) Incorporar todos los medicamentos, d) Eliminar pago anticipado y el pago directo de los No POS a hospitales y proveedores.

Procuraduría: Diana Margarita Ojeda
Desde el año 2008 se hacen con organismos internacionales y con algunas Universidades estudios de derecho a la salud para exigir verdaderas soluciones. Se encuentra que hay crisis financiera y crisis en el acceso a los servicios de salud.

Relata que el último estudio sobre el flujo de recursos deja ver que hay pobre regulación, normatividad muy compleja (hasta el año 2010 habían aumentado más de 630 decretos, normas), muy poca vigilancia y control de entes reguladores.

En cuanto al financiamiento afirma que para el año 2011 el presupuesto asignado a salud fue de 43 billones de pesos, eso refleja que el problema no es que no haya recursos disponibles, sino que no está llegando a los actores, adicionalmente esto esta aumentado el gasto de bolsillo de los colombianos.

La procuraduría también afirma que el negocio del POS está siendo afectado porque aproximadamente un 50% se desarrolla vía tutela y se observa con gran preocupación que no se respeta el protocolo médico. Cita además otros hallazgos preocupantes: Hay muy poca capacidad de resolución de las IPS., existe un pasivo prestacional muy crítico en los hospitales públicos y en cuanto a los sistemas de información concluyen que son un caos, existe multiafiliaciones, evasión y elusión.

Para terminar su intervención, la Procuraduría hace las siguientes recomendaciones: 1. Articular normatividad con el estado social de derecho, 2. Revisar los Sistemas de información, 3.Trabajar la salud desde la Equidad e igualdad en la prestación de los servicios, 4. Hacer énfasis en salud pública, 5. Solucionar los problemas con entidades territoriales, 6. Poner freno e imponer castigos severos a la corrupción.

No ven como la opción eliminar el No POS para la recuperación financiera del sistema de Salud.
Pregunta la corte: Que quejas se han recibido por malversación de fondos? Cuántas investigaciones tiene en la procuraduría y cuáles son los resultados?: La Procuraduría responde que hay desde el año 2008 a la fecha se han realizado 743 investigaciones: 204 relacionadas con el Fosyga, 75 con Medicamentos, 464 tiene que ver con salud en general.

También afirma que la procuraduría viene observando que no funciona el tema del recobro, ya sea porque se cobra lo que no se debe porque está en el POS o porque se presenta recobros extemporáneos. Además se ha encontrado un incremento en los desacatos cuando no funciona la tutela.
La Procuraduría ve con acierto que el Ministerio sea el único interlocutor con ellos para todos los aspectos relacionados con salud.

Director del Centro de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad DeJuSticia: Rodrigo Uprimny Yepes
La respuesta a la Corte sobre los temas que convoca esta Audiencia fue basada en tres investigaciones:

En el año 2008 al sistema de regulación, inspección y vigilancia donde se evidenciaron irregularidades que afectaban el derecho a la salud.
Investigación hecha con la Investigadora Juanita Duran: Relación entre medicamentos genéricos y la satisfacción del a la salud.
También con la Investigadora Juanita Duran, investigación hecha para el Banco Mundial, sobre protección judicial del derecho a la salud.

El señor Uprimny manifiesta que persisten muchas o algunas de las preocupación por temas relacionados con: 1. Fallas en la información, 2. Persistencia las fallas en el ejercicio efectivo por parte de los organismos de Vigilancia y Control ya que no se dan a conocer los resultados de las investigaciones realizados por estos organismos, 3. Y la preocupación de porque se están adoptando medidas regresivas, ejemplo Ley 1122 de 2007, en el caso de las tutelas, cuando el CTC no había estudiado la posibilidad del tratamiento, conceder solo el 50% recobro para la EPS En tutelas, 4. Persisten preocupación porque las medidas para evitar irregularidades son medidas fragmentarias, no hay claridad sobre la estrategia.

Con respeto al otro asunto; excesiva fijación del precio a los medicamentos, encontramos que existen sobre costos en atención en salud: Altos costos médicos: Encontramos dos aspectos a mencionar: Medicamentos de marca cuando existen genéricos y precios demasiados altos en Colombia con respeto al mundo (comparativo con Reino Unido). Esto se da porque el control de precios de medicamentos es deficiente, fragmentario y aislado. La Comisión Nacional de Precios de medicamentos se comprometió a incorporar 135 principios activos en el año 2010, pero algunos principios activos no fueron incluidos. Adicionalmente, no queda claro cómo se va a seguir incorporando los otros principios que faltan y no hay claridad de cómo se va a manejar el tema de propiedad de las patentes. Debe existir más trasparencia de cómo se aprueban la lista de precio de medicamentos.

No existe trasparencia de información en aspectos relacionados con posibles incentivos perversos en inclusión de medicamentos de marca (Farmacéuticas incitan al médico a formular medicamentos que no tiene genéricos). La Corte puede adelantar mecanismos para ver si existen estas prácticas y comportamientos poco éticos.

Problema de flujo de pagos: no solo del Fosyga, también el pago de EPS a IPS, deuda que hoy es de 4 billones de pesos.

También explica que la Corte les pregunto si a partir de estas investigaciones se han formulado denuncias a las autoridades competentes? La respuesta es que estas consideraciones han sido mas de carácter académico para tratar de establecer tendencias sin analizar casos puntuales específicos, por lo tanto no se han encontrado irregularidades específicas que ameritaran denuncias ante organismos competentes.

CRES – Esperanza Giraldo Muñoz
La CRES inicia su exposición haciendo referencia a la pregunta planteada en el cuestionario enviado por la Corte: Los recobros son POS o No Pos? La CRES no tiene la suficiente información para determinar si es POS o No POS, esto es porque no se tiene los suficientes datos en la historia clínica, no existen diagnósticos, no se tiene información de la correcta concentración, de la formula farmacéutica.

La señora Giraldo expresa que la actualización del POS y del No POS es permanente, esto se hace a través de evidencia científica, y enfatiza que esto es competencia de la CRES y por eso expide acuerdos tales como el 8, 17, 21, 25, 29 para validar las actualizaciones en el POS.

Manifiesta que frente a la metodología usada es un producto que debe evolucionar y cada vez debe ser mejor. Hoy se hace a través de: 1) valoraciones de eficacia, efectividad, seguridad y eficiencia de las tecnologías en salud, 2) Evaluación Económica el impacto presupuestal y 3) Evaluación del impacto en la Unidad de pago por capitación.

Entre Julio de 2009 y Diciembre de 2011 se han incluido 219 nuevos procedimientos, 6 nuevo dispositivos, 133 nuevos medicamentos y 1 alimento; pero parece que esto no ha sido suficiente.

La CRES también viene actuando como asesora, en términos de respuesta a los usuarios, afiliados a las EPS y de IPS, responde a partir de tecnologías POS y No POS.

Para concluir, hace referencia a los aspectos más relevantes que tienen que analizar para realizar bien su trabajo: a) Necesidad de eliminar incentivos para llegar a lo No Pos, b) Marco legal que de estabilidad frente al tema del POS, ley Estatutaria, c) Fortalecer controles para el reconocimiento y pago de lo No POS, articulo 122 del decreto 19 de 2012, d) Artículo 154 de la ley 1450 de 2011: Establecer la lista de exclusiones explicitas, servicios o beneficios que no sean cubiertos en el POS (suntuario, cosmético, experimental sin evidencia científica, habrá los casos y prestaciones excepcionales que debe ser regulados y establecidos con claridad) y e) Mantener informada a toda la ciudadanía sobre los cambios que hace la CRES a través de boletines, canales digitales y pagina web.

Secretario General de la Comisión de Seguimiento de la Sentencia T-760 – Saúl Franco
Reconocimiento a la corte por la oportuna citación sobretodo en este momento tan complejo. Lamenta la no inclusión en entidades departamentales, municipales y a las IPS a esta citación. Existe preocupación porque aun persiste crisis en el modelo de salud, las medidas tomadas han sido insuficientes y se necesita un abordaje estructural al modelo de salud. En su exposición relata que han encontrado los siguientes hallazgos: El modelo de salud de los colombianos está más orientado a la salud de las finanzas que a la salud y bienestar de los colombianos, se han encontrado alianzas entre EPS para aumentar las zonas grises, esto con el fin de ampliar la posibilidad de recobros y negar servicios, así mismo, encuentra preocupante la falta de cumplimiento efectivo de las responsabilidades de los entes de Vigilancia y control.

Hace énfasis que los esfuerzos deben partir del estado, aumentar controles, mejorar los sistemas de información, trabajar con las agencias, enfrentar la corrupción, sancionar y castigara los culpables y ganar legitimidad.

Para terminar manifiesta que se debe concretar un reforma estructural al SSSS que anteponga la vida, el bienestar y el derecho a la salud de la población a los interés económicos de los diferentes actores que intervienen en la sistema de salud de los colombianos.

FOSYGA – María Lesly Vallejo B.
Se ha venido trabajando y realizando las siguientes acciones: Ajuste al proceso de auditoría: Se elimino el término de extemporaneidad (periodo ampliado en dos oportunidades) y se capacitó a los funcionarios de las EPS sobre este proceso. Mensualmente se radican 23.000 recobros, en el año 2010 se generaron en promedio 4.000.000 de recobros, por esta razón se amplió la capacidad logística del operador documental.

Sobre el valor que se debe pagar explica que la auditoria se dirige sobre lo físico, si hay diferencias entre lo físico y lo digitado en medio magnético se toma lo que está en medio físico pero queda cargado lo digital, se mira la prestación del servicio en el documento físico (no digital).

La ESP debe justificar la recuperación de recursos, además, cuando se encuentra que hay un presunto fraude se envía a los entes de control.

Contraloría – Sandra Morelli:
La Contralora manifiesta una gran preocupación por el desvío de los recursos de la salud, opina que para superar el estado de corrupción y las deficiencias de la salud los fondos del Fosyga no serán suficientes. La Contraloría relata los aspectos más preocupantes que ven después de hacer auditorias a todos los operadores de la salud que administran los recursos de la salud, para citar algunos: 1. El Fosyga maneja anualmente 5,5 billones de pesos de recursos de la salud, más del 50% de los recursos se desvían. 2. Los cálculos sobre los cuales el gobierno calcula el valor de la UPC están sobredimensionados, existe una inconsistencia de 1 billón de pesos, se necesita un costeo que tenga información exacta. 3. La integración vertical no somete la lógica del mercado porque no hay libre competencia. 4. Se hace entrega de pagos a las EPS, estos son recursos de la nación, la Contraloría puede demostrar que se destinan a pagar inversiones propias de los administradores, consideran primero atender los intereses de los inversionistas que los intereses de los servicios de la salud. 5. Las EPS no cumplieron con el contrato establecido como asegurador y esto hace que el riesgo lo está asumiendo el estado que es el verdadero asegurador. 6. Se está investigando a las EPS por daño patrimonial superiores al billón de pesos (pueden llegar a ser cifras superiores). 7. Las entidades Territoriales no respetan la Cuenta Maestra, no giran oportunamente los recursos a las IPS y para terminar, se encontró además un incremento en nomina en épocas preelectorales.

Otra forma de fraude (no tan impactante) es la prestación de servicios de salud o medicamentos que no se dieron, esto suma alrededor de 5.000 millones de pesos, se está llegando a tener 12.000 tutelas falsas; no hay capacidad para verificar estas alteraciones y demuestra de forma alarmante la vulnerabilidad del sistema de salud. Las zonas grises de las EPS son críticas, no se sabe si está o no en el POS, es un vacio interpretativo que genera muchísimas fallas.

Los dineros de la salud también se ven afectados por la cadena de fabricación de los medicamentos: La Intermediación genera mayores costos al igual que el monopolio que concentra la distribución de los mismos. Ratifica que el Invima tiene la responsabilidad de garantizar el manejo adecuado de los genéricos.

Con respecto a los regímenes adaptados tales Policía, Fuerzas Armadas hay una investigación en curso en aspectos relacionado con el manejo de medicamentos y en el Magisterio se ve un régimen altamente vulnerable con este mismo asunto.

Representante Legal del Administrador del Fosyga – Cesar Augusto Reyes
El administrador fiduciario actúa como pagador de recursos del Fosyga. No hace auditoria médica, solo es pagador.

El consorcio administra las siguientes cuentas:

Compensación: Régimen Contributivo 15 billones 600.000 pesos aprox. El valor asignado para pagos de recobros en el año 2012 es de 1 billón 367.312 millones de pesos, a 31 de marzo el ejecutado esta en 30,22%, debería ser el 25%, lo que quiere decir que el presupuesto no va a ser suficiente.

Subcuenta de solidaridad: Se financian los recursos del régimen subsidiado: el presupuesto es de 3 billones 492.414 millones, el sub-rubro para el pago de tutelas al 31 de marzo de 2012 19.188.000 millones de pesos, ejecutado 8.37%, y haciendo la proyección para el año 2012 podemos afirmar que se proyecta un superávit en esta cuenta.

La Corte pregunta si hay irregularidades en el manejo de esta fiducia: responde que no se encuentran irregularidades en el manejo del consorcio.

Superintendencia Nacional de Salud - Conrado Gómez.
El señor superintendente manifiesta que actualmente se adelanta una investigación al consorcio del Fosyga.
Se encuentra que la auditoria que se hace para el pago de recobros es muy mecánica, y debido al alto volumen, el proceso de auditoría no es muy profundo y se debe hacer en un tiempo record. Se puede observar que existen problemas derivados de información entre medicamentos y recobros, es decir, la famosa zona gris. Hay 29 EPS investigadas por auditoria de CTC y 7 auditorías especiales para ver flujo de recursos. En cuanto a las auditorias de CTC, podemos decir que solo 3 EPS del contributivo cumplen con este proceso de CTC, estas EPS son Compensar, EPS Sura y SOS. Las irregularidades encontradas en esta investigación son:

Precio no corresponde al valor real de la compra del medicamento.
Recobros falsos en 1 EPS intervenida.
Motivos de recobro objetados: No hay pruebas de evidencia científica, tratamientos que no son pertinentes.
360.000 quejas en el año 2011, 2.000 quejas diarias, derechos de petición.
Inconformidades de tipo administrativas (proceso adtivo.)

En las auditorias contables forensis se tiene todas las pruebas para iniciar acciones judiciales, por esto se pasa un informe a diferentes entes, entre ellos la fiscalía.

La Super tiene hoy 17 quejas específicas con fundamento para iniciar investigación.

Pregunta la Corte: Cuantas investigaciones? La Super contesta: 29 a EPS diferentes con temas de UPC, veracidad de la información, recobros, precios, hay 2 investigaciones al Fosyga y actualmente investigan a 14 entidades por tema de CTC.

Pregunta la Corte: Que va a ser la Super, cual es el plan de contingencia? La Supersalud contesta que se han impuesto multas por 22 mil millones de pesos, periódicamente se compromete con mostrar indicadores y finaliza diciendo que la Superintendencia de salud se ha fortalecido en su estructura: Clasificación de Peticiones, quejas y reclamos (PQR) y verifica el servicios prestado a los usuarios por parte de la IPS.

Superintendente de Industrial y Comercio – José Miguel de la Calle
Esta es la autoridad única de competencia para velar por el desarrollo de la libre competencia y atacar creación de estrategias que vayan en contra de la libre competencia.

En salud debe prevalecer la libre competencia. La ley 100 prohíbe los acuerdos para evitar la libre competencia.

Actualmente tiene 2 investigaciones relacionadas con el aseguramiento: Una investigación para ACEMI con sanción administrativa y a la agremiación por violación de la ley, establecieron 3 acuerdos: negar servicios del POS, ocultar información y fijar precios del aseguramiento. Además, hay investigaciones contra 14 EPS del régimen contributivo por haber violado la ley, llegar a acuerdos para ocultar y falsear información de medicamentos y para fijar el precio del aseguramiento. El señor de la Calle manifiesta que Acemi lidero, coordino y redacto información sobre la concertación por parte de las EPS para ver cuales servicios son POS y cuáles No POS. Además, informa a la Corte que la Superintendencia de Industria y Comercio conoció un flujograma de 7 preguntas para llevar a definir entre ellas las coberturas del POS.

También se están llevando a cabo unas investigaciones a EPS por negar servicios incluidos en el POS.

Otro hallazgo es que hay 12 EPS están interesadas en aumentar el gasto en salud para aumentar el valor de la UPC.Finalmente expresa que las medidas impuestas han tenido impacto de bajar los recobros y termina su presentación diciendo que no han encontrado que las EPS hayan hecho inversión en otro país como tampoco que exista un mecanismo que evidencia que segmento está siendo favorecido por estas investigaciones de la Superintendencia de Comercio.

Comisión Séptima de la Cámara – Gloria Stella Diaz
Manifiesta que se han trabajado 12 proposiciones salud, se han realizado 4 debates control político en temas relacionados con vigilancia y control, rol de la CRES, reglamentación ley 1438 y seguimiento a las finanzas del sector de la salud. También hace referencia a la programación de un debate de control político relacionado con los derechos de usuarios, Proposición 028 de 2012 a la cual están citados el Ministerio y la Super salud esto porque han aumentado de forma considerable el número de quejas de los usuarios. Expresa la Comisión Séptima de la Cámara que a pesar del 98% de cobertura, las tutelas han aumentado en un 1.120%. 14 EPS están intervenidas.

Relata con preocupación lo que sucede en Saludcoop: la gran queja es la atención integral en el tratamiento a los usuarios. No se respeta el derecho a una atención oportuna, no se recibe el tratamiento solicitado, no se recibe el medicamento necesario, no se reciben servicios paliativos. Se encuentra como práctica habitual lograr el equilibrio financiero a costa de negar servicios, no dar medicamentos y aplazar los tratamientos.

La señora Diaz expresa la ineficiencia de la Supersalud, y comenta que el papel de la superintendencia de salud deja mucho que desear, ya que en el año se presenta más de más de 12.000 PQR, pero solo se han abierto investigación contra 5 casos; 3 meses puede tardar el trámite de una PQR cuando llega a la Super.

Por todo lo anteriormente expuesto y por mucho mas, el presidente de la comisión séptima definió nombrar dos comisiones interpartidistas (congreso y a la cabeza del presidente Santos para hablar con los actores de la salud.

La corte opina: La corte no es ajena a este tema, recibe entre 40.000 y 60.000 tutelas, de las cuales 80% son de salud, la corte pregunta: que ha planteado el congreso al respecto? La Comisionada responde: si bien el tema es crítico, no está en la agenda publica del congreso: debilidad institucional e información muy pobre (la información la tiene las EPS pero no el Estado).

Comisión Séptima del Senado – Antonio José Correa J.
Ha sido responsabilidad de esta Comisión hacer controles políticos en salud, pensión y Seguridad Social.

Controles políticos que se han hecho: La insostenibilidad financiera arranco con la ley 100 porque se abuso financieramente el régimen contributivo y subsidiado. Entre el año 2006 y 2010 el ejecutivo no hizo caso de las recomendaciones del senado. Se trabajo en las afiliaciones pero no se garantizó la sostenibilidad financiera de las personas. El senado no es partidario de como se ha llevado a cabo el modelo de aseguramiento ya que no hubo ningún tipo de control. Los municipios han tomado la plata de la salud para construir vías, esto está generando el hueco fiscal.

El control político debe ser propositivo, se debe tomar el superávit de la cuenta Maestra para dar destino a este dinero. El Fosyga debió girar trimestre anticipado, pero no lo hizo. Hoy es poca la plata de salud pública, si no hay salud pública no hay Promoción y Prevención.

El Estado fue complaciente al dejar que las aseguradoras no hicieran las cosas bien, que hizo la Contraloría, la procuraduría, la Supersalud en ese momento?

Todos tiene culpa: Estado, EPS, IPS, los recursos de la salud se fueron para otras cosas.

Para terminar su intervención el Comisionado recomienda que hay que hacer una depuración del sistema, lograr un organismo de control robustecido y tomar decisiones firmes y sostenibles.

Ministra de Salud y Seguridad Social – Beatriz Londoño S.
Es necesario enfrentar la situación en cascada, es decir, el bien Colectivo, protege al ciudadano y la buscar siempre la protección financiera de las familias más pobres.

No existe un modelo perfecto, en todos existe problemas de oportunidad, acceso, cobros de copagos, cuota moderadora, tiempos de espera. Cada país debe elegir el modelo, identificar el problema y con control y actores ejercer su participación responsable del uso de los recursos de forma adecuada. Hoy tiene participación los ciudadanos y eso es importante. Todos los actores en conjunto deben gestionar la información de forma oportuna y responsable, ver la información demográfica, epidemiológica actualizada, demanda insatisfecha de servicios.

También hay que reconocer que hay EPS e IPS que están haciendo las cosas bien en términos generales.

El Ministerio está retomando los siguientes temas:

Definir la política Nacional farmacéutica, es un reto del Ministerio establecer esta política, para ellos se han dado importantes discusiones técnicas y políticas, (ambas son importantes) y se ha referenciado en 57 países con el fin de elaborar una política que garantice el acceso, medicamentos que se dispenses seguros y efectivos, para establecer política de precios y para lograr mejores prácticas de quien produce nacionalmente (en un estudio de 1090 medicamentos, 134 medicamentos son compartidos, el resto es monopolio). Este documento ha sido entregado al COMPES, está respaldado por el gobierno en su conjunto y por el presidente.
Unificar POS contributivo y Subsidiado, es prioridad del Ministerio de Salud con el apoyo del Ministerio de Hacienda (se encuentra voluntad del ministro y del equipo técnico).
Sistemas de información: consolidar 22 base de datos, tener mejor información epidemiológica.
Contribución de 4 universidades para construir un plan decenal de Salud Pública, es recoger la expresión de los ciudadanos en todos los aspectos.

Esfuerzo continuo entre todos: Transparencia en la información, aumentar la transparencia en la administración de los recursos y una ciudadanía más participativa. Garantizar acceso efectivo, aseguramiento sin acceso efectivo es una falacia. Utilización inadecuada de recursos está asociada a la crisis en todo el sector.

Agradece a la Contraloría, la Procuraduría, Defensoría del pueblo, y muy especialmente a la Corte por buscar mecanismos para marchar juntos y en la dirección adecuada.

Destaca la labor de Compensar cuando se gestiona adecuadamente el riesgo en salud y el riesgo para cada familia se puede continuar siendo asegurador. Cada actor hacer lo que tiene que hacer de forma responsable y no quedarse en señalamientos solamente.

Fiscalía – Eduardo Montealegre L.
4 estrategias que la Fiscalía implementara para casos de corrupción en salud:

Aplicar instrumento de investigación internacional para casos graves de corrupción en salud y pensiones: es necesario aplicar la teoría de contexto en los casos individuales, esto por la complejidad de los casos que se están investigando, ejemplo de un caso tan extenso cuyo caso tiene 9.000 folios (18.000 libros de 500 páginas cada libro). Juicio oral 800.000 folios, 200 testimonios y 500 pruebas técnicas.
Crear un rediseño de la política judicial y cuerpo de investigación para emitir conceptos claramente: Directrices claras expedidas por el fiscal a la política judicial, articulación y reducción de la complejidad. Fiscalía y policía judicial con expertos en falsificación de medicamentos que atentan contra la salud de los colombianos.
Directrices claras en manejo de mecanismos tales como principios de oportunidad, preacuerdos.
Petición a la Corte Constitucional para que utilice técnicas de sentencia "interpretativa"; esto con el fin de orientar y dar claridad sobre las zonas grises que hoy existen en salud. La fiscalía pueda determinar el alcance y el tipo de sentencia (hoy solo es la corte).

La Corte hoy cita para hacer seguimiento a la sentencia T-760, pero la corte puede incorporar subreglas de los derechos que fueron tutelados. Crear nuevo tipo de sentencia interpretativa porque hay muchos problemas judiciales en salud.

Es necesario explicarle al país cual es el alcance constitucional de la salud. . . explicar con claridad, certeza jurídica de cómo debe seguir el modelo de salud.

Devolver la confianza en el sector salud: 1. Organismos de Control, Procuraduría, Contraloría y Fiscalía determinen responsabilidades e imponen sanciones y 2. La Corte debe a través de Sentencia Interpretativa con la concebida de responsabilidad de unificar interpretaciones.

Los recursos del sistema de salud son recursos parafiscales, pero la corte debe avanzar en precisar si el sistema puede ser:

Mixto: servicio público delegado a particulares pero regulado en un sistema de mercado. Armonizar los recursos parafiscales y la entrada de particulares.
O un servicio prestado por el Estado.
O un servicio prestado por particulares pero con reglas de intervención del estado y participación de mercado.

De todas formas mirar hacia el futuro, fundamentalmente rescatar al país con reglas de la Corte Constitucional de cuál debe ser el sistema de salud de los colombianos.

Defensoría del Pueblo – Volmar Antonio Perez

Se han hecho muchos estudios juiciosos sobre la percepción de usuarios del servicio de salud y el manejo de tutelas por parte de las entidades (que piensan los usuarios). Se encuentra que hay una permanente negación de medicamentos y citas a especialistas.

Hallazgos más importantes: Inconsistencia de la base de datos del Fosyga, cerca del 60% de los recobros están incluidos en el POS, de 84 solicitudes de tutelas, el 54% corresponden a servicios que están incluidos en el POS, principalmente medicamentos, en el régimen subsidiado el 65.40% son solicitudes que están incluidas en el POS, expresa el Defensor del Pueblo de manera categórica que la (la base de datos de tutelas más confiable la tiene la Corte Constitucional.

Para terminar, hace las siguientes recomendaciones: a) Depuración de base de datos; b) Implementar un sistema de monitoreo de medicamentos; c) Establecimiento de sistema de disminución de tutelas; d) Confrontar información grabada con información suministrada por las EPS; e) Sancionar las EPS que intenten recobros de servicios POS y f) La EPS debe reportar servicios negados y que no sean tramitadas por CTC, así mismo, deben informar los servicios negados por CTC. y la razón de porque se negó el servicio, todo esto debe ser reportado a la Defensoría del pueblo.

Presidente Federación Medica Colombiana – Sergio Isaza Villa
Hay un desangre del sistema con datos comprobables: Año 2000 crecimiento exponencial de medicamentos y no hubo control de este rubro, del año 1997 al año 2000 el valor fue de 4,244 millones de pesos, año 2005 fue de 5,300 millones de pesos y en el año 2010 el valor es de 56.741 millones de pesos.

En el año 2003 se sancionaron los laboratorios que aumentaron precio sin ninguna justificación, la sanción fue congelar precios por 6 meses a 1 año. A partir del año 2003 no hubo este tipo de controles.

La sentencia T-760 no ha logrado frenar este fenómeno. Se presenta una catástrofe en el sistema de información, los registros físicos no coinciden con los registros digitales, (esto no puede ser posible). El ministro anterior no hizo entrega de información, debemos llamar al Ministro Palacio por no haber tomado acciones de formas oportunas e inmediatas.

Los recursos públicos que recaudan las EPS representan los principios constitucionales: Aseguramiento social, recursos con destinación especifica, recursos destinados a prestación de servicios de salud, son recursos fiscales, es obligatorio entenderlo así, son recursos parafiscales desde su origen y no deben tener destinación diferente, están sujetos en administración a los principios de eficiencia del sistema (no de la entidad), estos recursos tiene carácter imprescindibles, con estos recursos no se puede pagar: Gastos de abogados, gastos de publicidad, gastos en cambio de imagen, gastos de infraestructura, gastos en comisiones de ventas y gastos en integración vertical y para terminar, estor recursos que recauda la EPS son del sistema, no son de la seguradora.

El Ministerio no ha ejercido rectoría sobre el Sistema de Seguridad Social en Salud, por lo tanto es necesario hacer un cambio estructural, pero por ahora sugieren las siguientes medidas: Ordenar la corrección de colocar los recursos de la UPC en ingresos de la EPS, diferenciar gastos de la EPS, no asumirlos como gastos de salud y la Super salud y la super financiera deben intervenir rápidamente en este asunto.

Termina diciendo que la Corte esta en un momento histórica para corregir la administración de los recursos públicos de la salud.

CIERRE DE LA AUDIENCIA PÚBLICA EN SALUD 2012
Para la Sala de Seguimiento de la Sentencia T-760 de 2008 ha sido de gran importancia y trascendencia haber escuchado las diferentes intervenciones de aquellas entidades que actúan en el engranaje del sistema de salud colombiano, esto es, las instituciones gubernamentales, los órganos de control, la sociedad civil y la academia; todos ellos convocados por el Tribunal Constitucional a la presente audiencia.

Desde años atrás se ha constatado la situación lamentable de la salud en nuestro país. Al parecer, todo continúa igual y con tendencia clara a deteriorarse. Esta Corporación ha permanecido vigilante en el cumplimiento de las órdenes dictadas en la sentencia conocida, evidenciando leves mejorías que en nada han incidido en el goce efectivo del derecho a la salud.

La segunda audiencia de rendición de cuentas, dirigida específicamente a las órdenes 24 y 27 de la sentencia T-760 de 2008, buscó conocer y evaluar el estado actual de los recursos del sistema y la incidencia que su manejo está teniendo en la salud. Los razonamientos presentados acá, por todos aquellos que fungen como actores directos o indirectos del sistema de salud, permitirán a la Corte establecer con mayor profundidad las dificultades que lo aquejan; situación que permitirá examinar el cumplimiento de las órdenes impartidas, como escrutar la manera de superar las trabas que impiden que en nuestro Estado Social y Democrático de Derecho se preste el servicio de salud en condiciones de disponibilidad, accesibilidad, aceptabilidad y calidad.

Las disertaciones realizadas denotaron un complejo panorama en el manejo de los recursos del sistema de salud. Al parecer de algunos, los capitales que circulan al interior de la estructura mencionada, son suficientes para garantizar la efectiva prestación del derecho fundamental, no obstante la gran mayoría de dichos dineros está siendo dilapidados para fines totalmente ajenos al propósito para el que fueron establecidos.

En torno al sombrío panorama, el Gobierno responde que ha tomado todas las medidas indispensables y necesarias para el goce efectivo del derecho a la salud. Decisiones que supuestamente permiten avizorar una paulatina pero segura garantía de la salud.

Esta Corte evidencia que, el alto grado de corrupción, la prevalencia absurda de intereses particulares, la debilidad manifiesta en el control estatal, el inadecuado manejo administrativo por ineficiencia; son algunas de las causas generales que afectan los recursos de la salud. Así mismo, el cobro de comisiones para levantar glosas, la presentación de cuentas a nombre de personas inexistentes, la falta de una base de datos unificada, el aumento doloso en los valores de medicamentos y procedimientos que no están señalados en el POS, los recobros de insumos y medicinas que nunca fueron utilizados o entregados a los pacientes, el pago de servicios no incluidos en el POS y supuestamente logrados por tutelas que en realidad no se interpusieron, el recobro de medicamentos e insumos de contrabando; son entre otras, causas específicas del panorama oscuro ya señalado.

El derecho a la salud debe ser garantizado por el Estado Colombiano, por lo que debe convertirse en un objetivo mancomunado de todos los entes estatales. De un lado, se debe crear un frente común tendiente a efectivizar el derecho, y los 3 órganos estatales se deben volcar en la misión social de procurar un servicio digno de la salud. De otro lado, los particulares que prestan dicho servicio en nombre del Estado y bajo su tutela, deben comprender que la función que cumplen, en momento alguno puede ser entendida como un negocio, razón por la cual causa inmenso rechazo, conocer por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio, los acuerdos llevados a cabo por EPS de régimen contributivo, con el fin último de defender sus intereses y no los de la población colombiana.

Por tal razón, el Estado debe reflexionar seriamente sobre la necesidad de que entidades privadas, en su calidad de intermediarios, hagan parte del sistema de salud. La corrupción, la malversación de los recursos, el desgreño administrativo y la falta de control; desdicen en gran manera del Estado Social de Derecho como principio fundante.

Nuestra sociedad está "enferma" y en tránsito inequívoco a internarse en "cuidados intensivos". El sistema de salud pareciera colapsar, en detrimento de los derechos fundamentales de quienes habitamos este Estado. Ello hace imperioso que el país aborde decididamente el rediseño de la estructura y el cambio de procedimientos, tendientes a salvaguardar el derecho a la salud, como mecanismos que permitirán tener una esperanza ante el complejo panorama mencionado.

La evaluación en el cumplimiento de las órdenes, por parte del Tribunal Constitucional, tendrá en cuenta los razonamientos y justificaciones expuestas en la presente audiencia, sin dejar de lado en momento alguno, su competencia constitucional de hacer valer y garantizar el derecho a la salud.

En este orden de ideas, la Corporación con base en los insumos aportados, los razonamientos esbozados y las perspectivas presentadas por todos aquellos que participaron en la presente audiencia pública; tomará las determinaciones que estime del caso en aras de hacer efectiva la Constitución Política en punto del derecho a la salud.