Proyectos de Ley

En qué van los Proyectos de Ley Estatutaria

En qué quedan los proyectos de Ley Estatutaria que buscan dar un giro al sistema de salud.

Cuatro proyectos fueron presentados en el Congreso de la República e inician su curso de aprobación que de darse será en el segundo semestre del 2013. El objetivo es que de los cuatro salga la Ley Estatutaria de la Salud.

Desde la primera semana de diciembre los congresistas de la República tienen en sus manos la suerte del sector salud. Cuatro proyectos de Ley Estatutaria comenzaron su camino en la Comisión Primera del Senado, la cual tiene la misión de debatir las ponencias y aprobar un solo proyecto de ley, que irá a la Comisión Primera de la Cámara donde se dará la discusión de dicho texto.

De allí pasará a la plenaria de la Cámara y una vez sea aprobado será conciliado y votado en el Senado y en la Cámara. Por último, el Presidente del Congreso remitirá el documento a la Corte Constitucional para que haga una revisión de la constitucionalidad de la Ley. La Corte tendrá un plazo de seis meses para realizar la tarea. Puede devolver el texto con o sin modificaciones o simplemente hundirlo.

Este proceso es diferente al que normalmente sigue cualquier ley ordinaria porque precisamente es para aprobar una Ley Estatutaria. Es decir, una norma que establece el tratamiento a los derechos y deberes fundamentales de las personas y los procedimientos y recursos para su protección.  

Cuatro condiciones debe tener este tipo de ley para ser aprobada: 1. La Corte Constitucional hace una revisión previa durante seis meses para pronunciarse con relación a la constitucionalidad de cada uno de los artículos contenidos en la ley. 2. Debe tramitarse en dos períodos legislativos contiguos. 3. Tiene que ser votada por mayoría absoluta de los miembros, es decir, que en el Senado de la República debe obtener un total de 53 votos y en la Cámara de Representantes debe obtener 89 votos. 4. Mientras las leyes ordinarias van por la especialidad de las comisiones (salud, educación, tierras y ganadería, etc), solo se ocupan de las leyes estatutarias las comisiones primarias, que son las constitucionales de Senado y Cámara.

Los cuatro proyectos que proponen una Ley Estatuaria para la salud tienen varios puntos en común, como por ejemplo, dan un rol y organización distinta a las EPS (aunque sus propuestas son diferentes) y buscan que la salud sea vista como un derecho fundamental, con lo que eso significa. Dos iniciativas profundizan el modelo de mercado regulado, que supone estabilizar financieramente al Estado, y las otras dos buscan cambiar esa estructura del sistema con un Estado que tenga un papel más prominente.

Un poco más de los proyectos en curso

De acuerdo con el Gobierno, el 97 % de la población está carnetizada, por ello los cuatro proyectos plantean declarar la universalidad del servicio. Eso quiere decir, que al igual que en Costa Rica y Brasil, en Colombia cualquier persona debe ser atendida solo con el número de su documento de identidad, sin ninguna clase de carné. 

Además de la universalidad del servicio, los proyectos de ley coinciden en la prioridad que deben tener los niños a la hora de ser atendidos. También en abordar el rol que deben tener las EPS, pero no hay coincidencia en cuál y cómo debe ser dicho papel.

“Proponemos un pagador único público, que sea el responsable de pagar de manera directa a todos los agentes del sistema. Este pagador debe ser el Estado y no ningún intermediario. En ese sentido, se cambia el rol de las EPS que evolucionarán hacia un modelo distinto de operadores de beneficios del sistema. Esos operadores se limitarían a tramitar procedimientos para verificar cuentas y saber si los tratamientos y procedimientos se hicieron adecuadamente; pero quien asume el pago debe ser el estado”, ha dicho Roy Barreras, presidente del Senado y ponente del proyecto 048 del 2012 de Ley Estatutaria.

El proyecto 105 del 2012, presentado por la Alianza Nacional por un Nuevo Modelo de Salud, coalición que reúne a diferentes organizaciones y personalidades interesadas en cambiar el sistema de la Ley 100 (20 parlamentarios, sindicatos y representantes de pacientes terminales, entre otros) propone un fondo único. "Las EPS no son necesarias y solo hay ocho países que las tienen en el mundo", según explica Pedro Santana, presidente de la Corporación Viva la Ciudadanía, una de las organizaciones de la alianza.

Por su parte, el proyecto del senador Luis Carlos Avellaneda (el 112 del 2012) señala en este punto que todos aquellos organismos privados que concurran a la prestación de servicios en salud deben ser instituciones sin ánimo de lucro. Y el proyecto 059 de 2012 del que son ponentes los representantes a la Cámara Holger Horacio Díaz Hernández, Rafael Romero Piñeros y Marta Cecilia Ramírez propone un sistema mixto en el que las EPS sean consideradas como parte integral del sistema de salud.

Todos los autores de estos proyectos tuvieron la posibilidad de explicar sus planteamientos a los interesados en el cambio del sistema de salud durante el foro de Leyes Estatutarias de la Salud, que realizó el 6 de diciembre la Comisión Primera de Constitucional Permanente del Senado de la República, por iniciativa del senador Avellaneda.

Juan Carlos Lancheros, representante del senador Ballesteros, ponente del proyecto No. 48/12, aseguró en dicho espacio que se espera que el Congreso de la República dé una mayor legitimidad en la expedición de una norma para el sector salud y al mismo tiempo se pronuncie sobre el alcance del derecho a la salud. “Este proyecto pretende garantizar el derecho a la salud, recuperar la credibilidad, generar un esquema de sanción al servicio de mala calidad. No es un proyecto que apunta a la reforma del Sistema de Seguridad Social en Salud”, aseguró.

Por su parte el senador Robledo expresó que el Proyecto de Ley Estatutaria  No. 105/12 hace un cambio estructural al Sistema de Seguridad Social en Salud al eliminar las EPS. “No a la intermediación”, señaló. Su proyecto propone que no haya un Plan Obligatorio de Servicios de Salud y se presten todos los servicios que necesite el ciudadano. Da la posibilidad de que existan Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud públicas y privadas.

“Nos preocupa enormemente la corrupción que existe en el sector, las condiciones laborales de los trabajadores de la salud, la crisis financiera de las EPS y de las IPS (...) Estamos realmente preocupados porque el Gobierno quiere una segunda oportunidad para el sistema de salud actual y después iniciar el debate. Busca reducir la tutela, tener un POS limitado e implementar mecanismos no judiciales para saber qué cubre y qué no, y promueve que exista un No POS donde los ciudadanos contribuyan de acuerdo a su capacidad de pago (…) esto es muy delicado ya que el sistema de salud está grave y lo que se necesita son cambios radicales y urgentes”, aseveró.

Por su parte el representante Díaz señaló que el proyecto 059/12, único presentado por la Cámara, busca contrarrestar los problemas estructurales. ”El problema de la salud es de la estructura del sistema actual. Insisto, el diagnóstico ya está suficientemente claro, lo que se presenta son problemas de fondo relacionados con el aseguramiento, la prestación, la falta de rectoría por parte del Estado y la ausencia de inspección, vigilancia y control, responsabilidad absoluta de la Superintendencia de Salud”.

En ese sentido, aseguró que este proyecto busca claridad precisa y contundente sobre la rectoría, específicamente sobre la función del Ministerio de Salud. También espera definir el rol de la Comisión Reguladora de Servicios de Salud CRES e implementar Atención Primaria en Salud (APS) de forma ordenada y rápida. Insistió en la importancia de que se continúe con la tutela con procedimientos muy explícitos y se dé participación al ciudadano.  

En último lugar, el senador Avellaneda presentó el Proyecto de Ley Estatutaria No. 112/12. “La salud es un derecho fundamental y el Estado debe además de garantizarlo, debe materializarlo. El Estado debe garantizar acceso a agua potable, a una vivienda digna, a condiciones laborales justas. Todos los determinantes de la salud deben ser considerados como responsabilidad del Estado. Las EPS deben salir del concierto nacional y ser reemplazadas por organismos administrativos -territorios de salud- públicos (no privados), descentralizados y sin ánimo de lucro. Hay que trabajar en la formación del talento humano, debe volcarse hacia la humanización de los servicios de salud”, señaló.

En el foro estuvo como invitado especial el Ministro de Salud y Protección Social, Alejandro Gaviria, quien escuchó las intervenciones y presentó los diez puntos que el Ministerio consideró claves para desarrollar su Plan de Acción:   

1. Es necesario identificar qué debe o no contener la ley Estatutaria.

La Ley Estatutaria define el qué –jurisprudencia del derecho fundamental a la salud- y la Ley Ordinaria el cómo debe estar centrado en la definición del modelo de salud.

2. Se requiere un debate profundo en relación con la afirmación “sin ánimo de lucro”. “Hay que tener agentes que no tengan ánimo de lucro agazapados (…) No es nacionalizando los recursos como se solucionan los problemas, lo público no es la salida a esta situación”.

3. El Gobierno quiere proteger la salud, tener un sistema de salud que necesite menos tutelas. Darle a la tutela el papel que debe tener en los servicios de salud. En su concepto el uso de la tutela es “inconveniente” para acceder a los servicios de salud.

4. El debate de seguridad social está en el centro democrático y el Ministerio está comprometido con el debate.

5. Se ven elementos comunes en los principios que contiene la Ley Estatutaria: universalidad, equidad, pro homine, solidaridad, progresividad, sostenibilidad, etc.

Con respecto a la sostenibilidad, manifestó: “La salud la pagamos todos los ciudadanos. ¿Cuánta salud queremos?, ¿Cuánto queremos invertir en salud?  Aproximadamente se invierte $1’000.000 por año habitante en Colombia, esta cifra invita a un debate consistente, sensato”.

6. Es necesario evaluar cómo evitar el abuso al sistema de salud, que hoy tiene excesiva judicialización, inducción a la demanda, porque se está teniendo un abuso sistemático de la tutela. 

7. En el derecho fundamental a la salud debe contemplarse la capacidad de pago de las personas a la hora de ver el acceso a todos los bienes y servicios del Plan de Beneficios. Esto está relacionado con  los principios de equidad y solidaridad.

8. La ampliación del Plan de Beneficios debe estar sujeto al principio de progresividad, esto es de poder incorporar más recursos, más contenidos.  Se propone un Comité de Servicios que haga la revisión de casos excepcionales y así no se recurra a la tutela.

9. La representación de los derechos de los pacientes quedará impresa en el Contrato Social. Considerar ante todo el bien del paciente, basado en la idoneidad y el profesionalismo con absoluta autonomía intelectual en la toma de decisiones.

10. Se debe revisar el modelo de prestación del servicio de salud porque otros servicios también están relacionados. “Estamos afirmando que el derecho a la salud es más amplio que el acceso a los servicios de salud. Va mas allá, incluye determinantes de la salud tales como agua, alimentación, vivienda, etc. Las fallas tales como descentralización, problemas de la sociedad relacionadas con justicia son retos del desarrollo del modelo”, aseveró.

Qué dicen actores del sector

Así Vamos en Salud indagó qué piensan algunos actores del sector sobre los proyectos que cursan en este momento. Para Ana Cecilia Santos, vicepresidenta jurídica de la Asociación Colombiana de Empresas de Medicina Integral (Acemi), ninguno de los proyectos logra aún con claridad la concreción del derecho a la salud.

En su concepto lo más importante no es cambiar el sistema de salud, es regularlo. “En la actualidad no hay una definición sobre el alcance del derecho a la salud en su faceta fundamental, por lo cual la población debe acudir al juez de tutela para que en cada caso determine el derecho.  Esto genera inequidades importantes en el acceso y un trato discriminatorio frente a la población que pueda tener la misma necesidad pero no accede a los mecanismos judiciales para su protección”.

En cuanto a la discusión sobre la pertinencia o no de la participación del sector privado en la salud, debido a que en algunos proyectos se plantea su eliminación, opina: “Si bien la Constitución Política permite dicha participación, es necesario hacer un debate abierto y público sobre la necesidad o posibilidad de establecer límites a las utilidades o excedentes que se generen en la provisión de dispositivos médicos y medicamentos, prestación de servicios de salud y labores de aseguramiento, para mantener el concepto social del sistema”.

Néstor Álvarez, representante de la Asociación de Pacientes, es más tajante sobre la función de las  EPS: “Cuando la salud está predispuesta a que la primera puerta de entrada sea una factura, ahí está el problema. Un servicio que ha sido facturable, que es cuantificable, en 20 años nos ha mostrado que es una barrera de acceso que ha cobrado la vida de muchas personas”.

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