Leyes

Estado velará por la salud mental de los colombianos

La ley, de autoría de la representante Alba Luz Pinilla del Polo Democrático Alternativo, fue aprobada por el Congreso de la República y sancionada el 21 de enero. Plantea garantizar la protección de quienes padecen trastornos mentales.

Eliminar las barreras de acceso a los servicios de salud mental, crear un sistema de atención integral, prevenir conductas de matoneo escolar y suicidio y fortalecer la salud mental comunitaria son aspectos relevantes de esta nueva ley.

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), en el mundo una de cada cuatro personas ha sufrido un trastorno mental o neurológico en algún momento de su vida. En Colombia se estima que alrededor de ocho de cada 20 colombianos han padecido este tipo de trastorno, lo cual ubica al país en un estándar alto de afectados por estas enfermedades.

"De allí la importancia de que el país cuente con una ley que logre ampliar y hacer real el derecho a la salud mental tanto de quienes padecen algún tipo de trastorno como de quienes aún no lo tienen pero requieren acciones de prevención", afirmó Mauricio Ospina, del Polo Democrático, quien presentó ante el Senado el proyecto de ley.

Actualmente, para obtener una cita con un especialista, las EPS demoran más de 30 días. Esto hace que sea difícil el trabajo de intervención con un paciente que requiera atención inmediata, deba ser internado en una clínica o necesite terapias sicológicas o siquiátricas permanentes.

En cuanto a los costos asumidos como un particular, se paga por cada consulta, de máximo una hora, entre 45.000 y 300.000 pesos. Si se considera internar al paciente en una clínica, esto vale entre 80.000 y 120.000 pesos por noche, sin gastos de enfermería.

Frente a este panorama, la representante Alba Luz Pinilla, también del Polo Democrático Alternativo y autora del proyecto que dio vida a la norma, afirma que con esta ley queda atrás "el viacrucis" que debían vivir el paciente de salud mental y su familia para lograr una atención medianamente decente y digna. "La ley establece la obligación de que los diversos organismos del Estado articulen sus acciones en este tema y en la atención primaria en salud para que la salud mental sea protagonista en el modelo. También logramos que se fortalezcan los sistemas de investigación y avance científico en el tema y se dé importancia al Observatorio Nacional de Salud Mental, a la investigación y la innovación en este campo", asegura.

Además de la eliminación de las barreras de acceso a los servicios de salud mental en el sistema de salud, la asesora de la Fundación Saldarriaga Concha y miembro del comité técnico del programa Así Vamos en Salud, Lina María González, resalta que la ley contempla la creación de un sistema de atención integral con un énfasis en promoción y prevención, y en la participación de pacientes, cuidadores y sus organizaciones en la formulación de la política pública de salud mental.

"No hay duda de que hay un avance fundamental frente a lo que en su momento se definió en la Ley 100. Luego de casi 20 años se realizó finalmente una revisión de las tecnologías (fármacos), pero eso significa que durante todo este tiempo se han empleado tratamientos obsoletos e incluso inexistentes en el mercado. Hoy ya se han logrado depurar y esperamos que sean revisados anualmente por el personal técnico idóneo y con la experiencia clínica adecuada para la promoción en salud mental, la prevención en enfermedad mental y el tratamiento y rehabilitación de la patología mental", afirma González.

Para Adaliza Reyes, psicóloga profesional especializada en el tema de la Secretaría de Salud de Bogotá, la ley es un gran avance pero aún presenta fallas: "Creo que la ley contempla temas estructurales, pero necesita de más herramientas para los entes territoriales en la vigilancia y control de las EPS, para poder sancionar a quienes vulneren los derechos de los pacientes. También faltan herramientas de control social para que los ciudadanos tengan mecanismos más efectivos para el trámite de quejas".

Sin embargo, la psicóloga también reconoce que pese a estas falencias, un punto a destacar es la puesta en práctica de acciones integrales para prevenir conductas como el matoneo escolar y el suicidio.

"La prelación de los niños, las niñas y los adolescentes, así como la atención primaria y hospitalización para esta población es uno de los aspectos que más rescato de la ley", asegura.
De hecho, según el Informe Forensis (Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses) de 2011, durante ese año se presentaron en Colombia 1.889 casos de suicidio; de esta cifra, los adolescentes de entre 15 y 17 años tuvieron una participación de 7,25 %, lo cual significa un aumento con respecto a los años anteriores: 6,86 % en el 2010, 6,93 % en el 2009 y 5,97 % en el 2008. A eso se agrega que en Colombia solo hay 38 siquiatras especialistas en niños y adolescentes, es decir, 1,1 especialistas por cada uno de los 32 departamentos del país.

Sobre este tema, el director de la Asociación Colombiana de Siquiatría, Mario Danilo Parra, dijo al periódico El Espectador que "el matoneo no es una enfermedad, es un síntoma de los tantos que son producto de la inadecuada salud mental de los jóvenes colombianos. Por eso la Ley de Salud Mental es tan importante, ya que el matoneo se trata desde esta. Lo más relevante es comprender que con atención en salud mental oportuna se puede evitar que los niños y adolescentes se quiten la vida".

La Ley de Salud Mental se complementa en este tema con la nueva y denominada Ley de Convivencia Escolar que se perfila como una herramienta que permitirá prevenir y mitigar la violencia escolar, y proteger y fortalecer el ejercicio de los derechos humanos, sexuales y reproductivos en el sistema educativo. Además, según expresó la ministra de Educación, María Fernanda Campo, a través de un comunicado, "permitirá evitar la deserción escolar generada, en parte, por los conflictos relacionados con el acoso escolar, la agresión física y la agresión verbal".

La norma fue sancionada el 21 de enero y hoy es la Ley 1616.  El Consejo Nacional de Salud Mental será la instancia encargada de hacerle seguimiento, así como a la Política Nacional de Salud Mental, la política nacional para la reducción del consumo de sustancias estupefacientes o psicotrópicas y su impacto, la Política Pública Nacional de Prevención y Atención a la Adicción de Sustancias Psicoactivas y el Plan Decenal para la Salud Pública en lo relativo a la salud mental.

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