Agosto 29 de 2016

Desgobierno en las entidades de salud

Uno de los problemas más estructurales que existe en el sector salud colombiano tiene que ver con la forma como se gobiernan las entidades. Me refiero específicamente a las EPS (entidades promotoras de salud) y a las IPS (instituciones prestadoras de servicios de salud, clínicas y hospitales).

Con contadas excepciones, las mejores prácticas de gobierno corporativo se encuentran ausentes de la mayoría de esas entidades. Incorporar dichas prácticas y hacerlas exigentes, son unas de las acciones regulatorias más apremiantes que tiene el sector para mejorar la administración, la calidad del servicio y la operación excelente que se requiere. La situación afecta a entidades públicas y privadas, en diferente génesis, pero con impacto semejante que se traduce en mala gestión.

No es de poca monta lo que hablamos. Las juntas directivas tienen serias responsabilidades para ser efectivas.

Deben establecer la orientación de las entidades y su alineamiento misional; se obligan a determinar el plan estratégico y a hacerle seguimiento a su ejecución y cumplimiento; precisan detectar los riesgos de la entidad y hacerles el monitoreo para asegurar su mitigación o control; les corresponde definir la política de recursos humanos y evaluar su ejecución y el clima organizacional; y les incumbe proteger el patrimonio y revisar los resultados obtenidos por la entidad. También necesitan conformar con sus miembros, comités especiales para acompañar a la administración en el logro de los objetivos de la entidad. Todo eso requiere conocimiento, experiencia y dedicación.

Si la conformación de las juntas directivas no tiene en cuenta los perfiles para responder a esos compromisos y, además, los miembros de las juntas directivas no son independientes de intereses particulares o ajenos a la misión de la entidad, las posibilidades para que ellas cumplan adecuadamente su tarea estarán muy limitadas por no decir que serán nulas.

La escogencia de los miembros de las juntas directivas de EPS e IPS no puede seguir siendo el resultado de la amistad, ni de la consanguinidad, o tampoco de la “generosidad” por regalarle un tiempo mensual a la entidad, porque supuestamente representa un honor contar con la participación de determinados miembros. Mucho menos puede ser el resultado de acuerdos políticos o partidistas en las EPS o en los hospitales que son de origen público. El clientelismo debe erradicarse de estas entidades.

Además, no debería permitirse que miembros de juntas directivas compartan la administración de la entidad, así sean negocios no misionales gestionados por familiares del fundador o propietario de la entidad; menos aun cuando los programas o proyectos corresponden a contratos misionales de la EPS o de la IPS.

Ser miembro de una junta directiva se ha convertido en un trabajo cada vez más profesional, más técnico y, por supuesto, más clave para la labor efectiva que debe cumplir una entidad en el sector salud. Lo ideal sería que los miembros de juntas directivas fueran escogidos por un experto externo, atenido a unos perfiles definidos previamente que respondan a los aspectos técnicos y misionales que hacen parte de las responsabilidades de la entidad y que fueran personas independientes. Adicional a ello, las juntas directivas deberían tener evaluaciones periódicas que atiendan la revisión de las dinámicas del trabajo conjunto, de las relaciones con la administración de la entidad, así como del compromiso y el aporte individual de sus miembros. Y esas evaluaciones deberían tener consecuencias que contribuyan al mejoramiento continuo de las EPS o IPS.

Como se dijo desde el inicio de esta nota, la falta de buenos gobiernos en estas entidades es una de las dificultades orgánicas que existen en el sector. Solucionar esa falencia es una prioridad quizá equivalente a transformar el modelo de atención en salud y se hace esencial para que este último opere de manera óptima. Ojalá la regulación avance pronto en esa dirección.

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